En un giro decisivo para destrabar el conflicto que mantenía en vilo a la seguridad pública, el Gobierno de Santa Fe anunció este miércoles que deja sin efecto las sanciones administrativas contra los efectivos policiales que participaron de las protestas salariales.
La medida busca restablecer la operatividad total de la fuerza, especialmente en la ciudad de Rosario, donde el patrullaje se vio seriamente afectado.
Sin embargo, los uniformados no desistieron y la protesta continuó durante la mañana, con sirenazos y la profundización del malestar en la fuerza.
El fin de las sanciones
La resolución oficial dio marcha atrás con el pase a disponibilidad de al menos 20 agentes que habían sido sancionados el martes por “atentar contra el servicio de seguridad”. Durante una reunión que se extendió hasta altas horas de la madrugada, las autoridades provinciales y los referentes de los uniformados acordaron el levantamiento de los castigos como condición primaria para reanudar el diálogo.
“Tenemos que mostrar buena voluntad. Para que las negociaciones no se sigan dilatando, tenemos que salir a la calle”, expresó el jefe de la Policía a sus subordinados, instándolos a retomar sus funciones de inmediato.
“Tomen sus armas y vuelvan”
La orden del Ministerio de Justicia y Seguridad fue tajante: se solicitó a los efectivos que retiren sus armas reglamentarias, credenciales y chalecos antibalas —que habían sido confiscados durante el pico de la protesta— para reintegrarse a sus puestos de trabajo.
El objetivo es que las unidades móviles vuelvan a estar operativas de forma inmediata para garantizar la prevención del delito.
Los ejes del conflicto: salarios y salud mental
A pesar del retorno al servicio, el malestar de fondo persiste. Los efectivos activos, retirados y sus familiares reclaman:
- Actualización salarial: denuncian que los sueldos promedio de los rangos inferiores están muy por debajo de la canasta básica total.
- Condiciones laborales: exigen mejores horarios para evitar el estrés extremo.
- Salud mental: el conflicto se agudizó tras conocerse cifras alarmantes de suicidios dentro de la fuerza durante el último año, vinculados al agotamiento y la presión económica.
Garantía de diálogo
Desde la gestión de Maximiliano Pullaro ratificaron que existe “voluntad de diálogo” y prometieron una política salarial diferenciada para las fuerzas de seguridad que contemple el riesgo y la carga horaria.
Mientras tanto, las fuerzas federales que habían sido desplegadas como refuerzo continuarán custodiando puntos estratégicos para asegurar la tranquilidad de los ciudadanos santafesinos.
Con información de La Capital y Rosario 3.