Romero, que firmó la Resolución 1494/20 asignándole tareas administrativas a los efectivos en cuestión, dijo que no coincide con esta determinación del Poder Ejecutivo, ya que el Reglamento Policial obliga al personal con procesos judiciales o sumarios administrativos a prestar servicio y sólo les asigna “pasiva por delito” en caso de detención.
Esto, además, dijo que está enmarcado en el nuevo Código Penal. “Pareciera que para cualquier ciudadano se aplican ciertas normas y para los policías otras”, dijo e comisario, y graficó que “hay más de 900 empleados en la misma situación y deberíamos darle pasiva a todos, lo que desmantelaría a la Policía”.
El oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera, de la Comisaría Tercera de Fontana habían sido detenidos por el procedimiento del 31 de mayo pero la semana pasada recuperaron la libertad, y el jefe de la fuerza había adelantado que volverían a sus funciones.
Esto generó la reacción de la Secretaría de Derechos Humanos, constituída en querellante en la causa por instrucciones de Capitanich, a apelar la liberación y reclamar que sigan apartados del cargo.
