El Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio e informó el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques en las vías navegables del país que se encontraban paralizadas.
El pacto incluye la suspensión del decreto 690/2026 que desreguló la actividad y generó el conflicto.
Como parte del entendimiento, fuentes oficiales recalcaron que el Poder Ejecutivo resolvió suspender de “manera temporal” la aplicación de la medida, a la vez que dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para debatir los distintos aspectos normativos y operativos que componen la actividad.
La instancia de diálogo estará bajo la coordinación del Gobierno Nacional y contará con la participación de representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto a otros organismos competentes en la materia.
El espacio buscará, según el oficialismo, avanzar en la revisión puntual de los ejes contemplados en el decreto de desregulación para alcanzar un consenso definitivo.
Con la firma del acta y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomarán la prestación regular de sus servicios en los puertos de manera inmediata mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa técnica instalada.
“Alivio”, fue lo que se limitaron a decir desde el sector a esta agencia ante la desestimación por parte del Gobierno. El parate en los puertos representaba una pérdida de más de US$4,5 millones diarios para el campo.
El origen del conflicto
El caos comenzó cuando se publicó el Decreto 690/2026 impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La nueva normativa se eximía de contratar prácticos a capitanes extranjeros con experiencia, ampliaba las dimensiones de los barcos para los cuales es obligatorio requerir asistencia, eliminaba el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y habilitaba a Prefectura a prestar el servicio, entre otras modificaciones. La normativa derogaba la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.
El texto oficial también suprimía la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para determinados buques.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, había dicho Sturzenegger al momento de explicar los cambios. (NA)