Comunidad indígena Wichí de El Sauzalito, con el patrocinio jurídico de Sergio Paulo Pereyra, formuló denuncia penal contra el fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Pamela Michlig por la presunta comisión de los delitos “de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos 248 y 249 del Código Penal)”.
En la denuncia presentada esta mañana ante el Juzgado Federal de la Ciudad Termal, por Amancio Reinoso y Ariel Fabián (referentes de la “Guardia Comunitaria Ambiental Wichi Whasek”) y 36 integrantes más de la comunidad indígena wichí, destacan que la situación se agravad “por haber sido cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población, con motivo de persecución a una raza o nacionalidad y con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial (cfr. el artículo 41 quinquies del CP y la Ley N° 23.592/88)”.
Asimismo, requieren se ponga “en formal conocimiento a la Procuración General de la Nación; a los efectos de que se proceda al inicio de las investigaciones administrativas correspondientes y, las acciones de Superintendencia que sean necesarias”. Respecto a los hechos que sostienen la presente denuncia, “consisten en una serie de acciones y omisiones funcionales que infraccionan deberes que pesan sobre integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación (con asiento físico o funcional en esta jurisdicción), constituyendo tales conductas delitos previstos y reprimidos por el Código Penal”.
A su vez, se expone como ejemplo el día 7 de marzo del 2023 por la mañana en “LA RADIO. FM 104.7 “SIEMPRE JUNTO A LA GENTE”, el fiscal Carlos Martín Amad, expresa a viva voz en relación a la causa “Guardia Comunitaria Whasek”:
“(…) No no, no es que cae porque ya los hechos… ilegalmente están sobreseídos…” Esto surge a minutos 06:10 de la entrevista en dicho medio”.
En cuanto a la calificación legal penal pretendida, solicitan “el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”. “De la recusación de los fiscales: sin perjuicio de que parezca lógico que los fiscales de vuestra jurisdicción que por la presente se denuncian no debieran intervenir en esta causa, a los fines de evitar cualquier tipo de acto procesal que pueda afectar o entorpecer la presente, entendemos que corresponde plantear y motivar la recusación de los mismos, en el tiempo y forma que prevé el artículo 60 del Código Procesal Penal de la Nación”.
En definitiva, “entendemos que resulta necesario aclarar que es inadmisible darles intervención a los representantes del Ministerio Público Fiscal que son sujetos denunciados en la presente”. “Teniendo en cuenta el modo en que se desarrollaron los hechos anoticiados, no sería descabellado pensar que podrían también tomar participación en la presente, implicando una afectación grave de la garantía de objetividad que la ley les impone a los integrantes del Ministerio Público en el caso concreto”, concluyen.
Comunidad wichí denunció a fiscal general y auxiliar por presunto “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos”
