Caminos del Paraná dejará de operar el Corredor Vial 6 que involucra tramos en Chaco, Corrientes y Misiones. Antes de pasar al control estatal habrá una auditoría. El 1° de noviembre podría producirse la toma de posesión.
Através del Decreto 659/2019, el gobierno nacional oficializó ayer la estatización de cinco corredores viales que involucran más de 3300 kilómetros de rutas en todo el país. La decisión significa que las actuales operadoras privadas dejarán de administrarlos y en su lugar pasará a actuar la estatal Corredores Viales S.A. Los peajes con sus actuales valores y los empleados de esas concesionarias continuarán como hasta ahora.
“Todas las concesiones pasan a la empresa Corredores Viales S.A., que se hace cargo del corredor concesionado y del personal que estaba contratado”, indicaron a NORTE fuentes del Distrito 18º Chaco de Vialidad Nacional. Precisamente este organismo tiene el 49% de la compañía estatal, mientras que el 51% está en poder de la Secretaría de Transporte de la Nación.
De los cinco corredores que pasará a operar el Estado, el número 6 que administra Caminos del Paraná S.A. es el que tiene la mayor extensión de kilómetros y la mayor cantidad de casillas de peaje (seis).
Caminos del Paraná pertenece a la Corporación América, un grupo del empresario Eduardo Eurnekian, junto a Rutas del Litoral y Néstor Julio Guerechet. Administra tramos de las rutas nacionales 16 y 12 en Chaco, Corrientes y Misiones. Bajo su operación hay en total 933,5 kilómetros a lo largo de los cuales existen seis casillas de peaje: Makallé, Puente General Belgrano, Riachuelo, Ituzaingó, Santa Ana y Colonia Victoria, donde trabajan 266 empleados.
La empresa se hizo cargo de la concesión del corredor el 22 de abril de 2010, a través de un contrato por el cual administra, repara, mejora, conserva, amplía, remodela y explota un total de 933,50 kilómetros en las mencionadas rutas nacionales. Al vencimiento que operaba en abril de 2016, le sucedieron algunas prórrogas para mantener la operación de las empresas privadas, hasta llegar a la actualidad, cuando el Estado decidió el final de los contratos.
El rol de los PPP
Una nota publicada por el diario La Nación señala que, con la segunda y la tercera etapas de las licitaciones de proyectos de Participación Público-Privada detenidas por la devaluación y la suba del riesgo país del año pasado, el Gobierno estableció mediante un decreto que los cinco corredores viales no adjudicados sean gestionados por Corredores Viales S.A., una empresa 100% estatal.
«El decreto -que se publicó ayer en el Boletín Oficial- dice que se refrendan las concesiones que fueron prorrogadas durante el último tiempo, y que se las dará en concesión a la empresa Corredores Viales S.A., una compañía 100% estatal controlada en un 51% por la Secretaría de Transporte y en un 49% por Vialidad Nacional», explicó Ezequiel Christie, gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de la Dirección Nacional de Vialidad.
Según Christie, las concesiones venían de 2010 y los contratos vencían en abril de 2016. Y, por contrato, se podían extender un año más, lo que se hizo en su momento. Durante ese tiempo, el Gobierno empezó a trabajar en los proyectos para poder relicitar los corredores bajo la modalidad PPP, pero finalmente esa posibilidad quedó trunca ante las dificultades para encontrar financiamiento en las actuales condiciones del país y por los procesamientos que afectan a varios empresarios involucrados en la causa de los cuadernos.
Rutas claves del entramado interior
Los cinco corredores equivalen a más de 3374 kilómetros de rutas. Se trata de diferentes tramos de las rutas nacionales 9 y 34 (en Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy); la 188 (provincia de Buenos Aires); la 19 (Santa Fe y Córdoba); la 12 (Corrientes y Misiones); la 16 (Corrientes y Chaco); la 8, entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis, y de la 36, en Córdoba.
Y entre quienes operaban las concesiones figuran Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Bs. As. a los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A. (Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).
«La idea es que la gestión de Corredores Viales sea temporal hasta la futura licitación que se haga, sea por concesiones tradicionales o por PPP cuando el contexto macroeconómico lo permita», agregó el funcionario en diálogo con La Nación.
La rescindida concesión de Cristóbal
El gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, dijo al diario capitalino que Corredores Viales S.A. fue el vehículo legal que se encontró en el marco de la ley de peajes (la 17.520) para rescindirle la concesión del acceso Ricchieri a Aecsa, la firma de Cristóbal López, a fines de 2016 por una serie de incumplimientos.
«Eran 400 familias las que trabajaban en Aecsa y quisimos dar continuidad a esa fuente laboral hasta que pudiéramos relicitar el acceso, que fue lo que se hizo en la primera etapa de los PPP. A partir del 1° de agosto de 2018 se está haciendo cargo del acceso Ausur, que fue la adjudicataria por PPP de todo lo que es el Corredor Sur y que incluye no solo el acceso a la Ricchieri sino también las rutas 205 y 3 hasta la variante de la ciudad de Las Flores», detalló Stoddart.
En esa Etapa 1 de PPP, además de la Autopista Sur (Buenos Aires-Cañuelas) que estaba en manos de López y pasó al consorcio integrado por Rovella Carranza, JCR y Mota Engil; el gobierno nacional adjudicó otros cinco corredores con peaje, concentrados en la zona central del país. El Corredor A, que une Las Flores con Coronel Dorrego, además de otro ramal que va de Olavarría a Mar del Plata, tuvo como ganadores a Paolini Hermanos, Vial Agro y INC; mientras que el Corredor B, que empieza en Luján y termina en la capital de La Pampa, Santa Rosa, pasó a manos de CCA Panamá y Green.
El Corredor C, que atraviesa Buenos Aires y el sur de Córdoba para llegar a Mendoza, tuvo como ganador a José Cartellone, una de las empresas de obra pública más conocidas de la Argentina, que es, justamente, de origen mendocino. Y los Corredores E y F, que contienen las autopistas Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba, pasaron a manos de un consorcio que integran Helport (compañía del Grupo Eurnekian), Panedile, Copasa y Eleprint.
Habrá una nueva licitación
De acuerdo con el decreto, la operación estatal de los cinco corredores durará hasta que se liciten nuevamente los corredores o con un plazo máximo de cinco años, para asegurar la continuidad y la calidad del servicio al usuario, garantizando todos los puestos de trabajo existentes.
Consultados acerca de por qué no tomaba la gestión de los corredores directamente Vialidad Nacional, los funcionarios indicaron que el organismo no puede cobrar peajes ni tiene los recursos económicos ni humanos para hacerse cargo.
«Somos un ente autárquico y hoy estamos arriba de los 20.000 kilómetros bajo administración. Tenemos 5.600 empleados distribuidos en 24 distritos. Esto es un trabajo de conservación y mantenimiento importante. En 2019 estamos ejecutando un presupuesto que se aprobó el año pasado y estaríamos tomando 3500 kilómetros de ruta nueva para hacer. Obviamente no tendríamos recursos para hacerlo con conservación normal», apuntó Stoddart.
Sin embargo, resaltó que la sociedad estatal va a tener inclusive más control que una concesión, porque no sólo se la trata como un concesionario más sino que tiene una serie de controles más exigentes. «Al ser una sociedad anónima del Estado interviene la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y otras auditorías», sumó.
Antes de la toma de control por parte de la sociedad estatal se hará una auditoría de cada concesión y se estima que la primera toma de posesión será el 1° de noviembre, sin posibilidad de conflictos legales ya que los contratos de las sociedades que operaban las concesiones están vencidos. Hasta entonces los responsables siguen siendo estos operadores.
En cuanto a los subsidios, dijeron que las concesiones vencidas y prorrogadas eran subsidiadas por aproximadamente $8000 millones en 2015, monto que se reducirá casi un 90% a entre $800 y $1000 millones bajo la administración de Corredores Viales S.A., mientras que los ingresos se reinvertirán en obras.
Por último, en cuanto al mecanismo de ajuste del precio de los peajes dijeron que el mismo contrato dice cómo va a ser, y que va a ser similar al que rige para los adjudicatarios de los PPP en base a distintos indicadores.
DIARIO NORTE