En la antesala de una posible definición judicial de enorme peso político, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se reunirán este martes y podrían tratar la causa Vialidad, que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ya tendrían definido rechazar los recursos presentados por las defensas y confirmar la condena, aún no hay consenso sobre cuándo firmar el fallo.
La falta de acuerdo sobre la fecha, sumado al viaje inminente de Rosenkrantz a México, mantiene en suspenso la resolución del caso.
La causa, que investiga presuntas maniobras de fraude en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, ya cuenta con una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex mandataria.
El fallo fue dictado en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmado por la Cámara de Casación en 2023. La Corte ahora debe decidir si revisa o rechaza los planteos presentados.
Según trascendió, el rechazo sería con un “280 fundado”, una figura que permite a los jueces desestimar recursos sin analizar el fondo del asunto, aunque justificando la decisión por su relevancia institucional.
El documento que circula entre los jueces, redactado por el secretario penal del tribunal Diego Seitún, propone rechazar todos los recursos, incluidos los del fiscal Mario Villar, y avalar las condenas dictadas.
Este informe no es vinculante, ya que cada juez puede presentar su propio proyecto, pero marca una dirección clara. La Corte, además, no tiene plazos para resolver, lo que deja abierta la posibilidad de que el fallo se firme en los próximos días o semanas.
Entre los argumentos principales que sostendrían los jueces figuran la existencia de garantías procesales durante el juicio, la intervención directa de la ex presidenta en una maniobra de defraudación prolongada en el tiempo y la validez del peritaje por muestreo que se utilizó como base probatoria, pese a los cuestionamientos de las defensas.
De confirmarse la condena, quedarán firmes también las penas contra otros ocho ex funcionarios y empresarios vinculados, como Lázaro Báez y José López, todos condenados por fraude a la administración pública. La figura de asociación ilícita, en tanto, fue descartada por mayoría en Casación, aunque con la disidencia del juez Gustavo Hornos.
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