Este jueves comenzará una de las causas de corrupción más emblemáticas de los últimos años: el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será nuevamente juzgada, acusada de haber liderado una asociación ilícita y de participar en más de dos centenares de cobros de sobornos.
El proceso, que involucra a 126 imputados, tendrá su primera audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
Por la magnitud del expediente y la cantidad de personas convocadas, el debate se desarrollará de manera virtual con audiencias semanales de cuatro horas, extendiéndose al menos hasta marzo de 2026. En esta primera etapa deberán presentarse 86 acusados, entre exfuncionarios, empresarios y colaboradores judiciales.
La investigación se originó en 2018, tras la aparición de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer del entonces funcionario kirchnerista Roberto Baratta. En esas anotaciones, Centeno registró presuntos traslados de dinero provenientes de empresarios de la obra pública y del transporte hacia despachos oficiales durante los gobiernos kirchneristas.
Con base en esos apuntes, el fiscal federal Carlos Stornelli elevó la acusación estructurada en cuatro ejes: el circuito de recaudación de sobornos, la cartelización de la obra pública, y las maniobras en contratos ferroviarios y viales.
Entre los principales acusados, además de Fernández de Kirchner, figuran exfuncionarios como Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y Roberto Baratta; empresarios como Cristóbal López, Osvaldo y Fabián De Sousa, Aldo Roggio y el mendocino Enrique Pescarmona, entre otros.
Según la fiscalía, entre 2003 y 2015 operó un sistema de recaudación ilegal en el seno del Poder Ejecutivo nacional.
Uno de los elementos centrales del juicio será la participación de 25 arrepentidos, quienes deberán ratificar sus declaraciones para conservar los beneficios judiciales obtenidos.
Estos testimonios, validados durante la instrucción por el fallecido juez Claudio Bonadio, constituyen una de las principales pruebas del caso. La continuidad y coherencia de esas confesiones será clave para el desarrollo de un debate que se proyecta largo y de fuerte impacto político.