El sistema de calificación cinematográfica que rigió en la Argentina durante más de cuatro décadas llegó a su fin. A través del Decreto 50/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional derogó el Decreto 828/84 y disolvió la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, el organismo que hasta ahora intervenía de manera obligatoria en la clasificación de las películas estrenadas en el país.
La medida introduce cambios de fondo en la forma en que se asignan las categorías orientativas —como ATP, +13, +16 y +18— y redefine el rol del Estado en el control y la supervisión de los contenidos audiovisuales. A partir de ahora, la responsabilidad quedará exclusivamente en manos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
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Según los considerandos del decreto, el objetivo central de la reforma es adecuar el marco normativo a las transformaciones culturales, tecnológicas y de consumo que atraviesa la industria audiovisual. El Ejecutivo sostiene que el esquema anterior resultaba lento, burocrático y poco compatible con la dinámica actual del sector.
Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, toda película debía pasar por el dictamen de una comisión colegiada integrada por representantes de distintos ámbitos. Ese paso era obligatorio, incluso cuando el filme ya contaba con una calificación otorgada en su país de origen.
Con el nuevo régimen, el INCAA asumirá la competencia técnica plena para establecer las categorías de orientación al público, eliminando la intermediación de la comisión asesora. El Estado mantendrá así un rol informativo, pero no de supervisión previa en determinados casos.
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la homologación automática de las clasificaciones internacionales. De acuerdo con datos oficiales, cerca del 65% de los estrenos comerciales en Argentina provienen de Estados Unidos, lo que implicaba volver a evaluar películas ya calificadas por organismos estandarizados, como la Motion Picture Association (MPA).
El Gobierno consideró que ese proceso representaba un uso innecesario de recursos administrativos, por lo que a partir de ahora se reconocerán las calificaciones de origen, adaptándolas a las categorías locales. No obstante, el INCAA conservará la facultad de modificarlas de oficio en caso de que existan razones de orden público que así lo justifiquen.
Otro cambio significativo tiene que ver con el acceso de menores a los contenidos. La nueva normativa habilita que niños y adolescentes puedan ver películas de cualquier categoría, siempre que estén acompañados por al menos uno de sus padres o tutores. De este modo, se amplía el margen de decisión familiar y se reduce la intervención estatal directa.
El decreto refuerza la idea de que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de menores recae en las familias, y no en el Estado. Esta postura se alinea con una concepción más liberal del rol estatal en materia cultural.
Una reforma con fuerte carga simbólica
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó públicamente la medida a través de sus redes sociales, donde la definió como una “vuelta de página” en la relación entre el Estado y la cultura.
En su mensaje, apeló a una metáfora cinematográfica inspirada en Cinema Paradiso para ilustrar el sentido de la reforma y cuestionó la persistencia de estructuras creadas en contextos históricos de control cultural. Según su visión, aunque la censura formal dejó de existir hace décadas, algunos mecanismos institucionales aún respondían a una lógica de tutela estatal sobre los contenidos.
Desde la visión del Gobierno, la derogación del régimen de 1984 permitirá agilizar estrenos, reducir trámites y adaptar el sistema local a estándares internacionales, en un contexto de consumo cada vez más globalizado y digital.
La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 60 días corridos, plazo durante el cual el INCAA deberá adecuar sus procedimientos internos. El impacto real de la medida comenzará a verse en los próximos meses, cuando los nuevos criterios empiecen a aplicarse en la cartelera local.