En una jugada con alto voltaje político, La Liberta Avanza resolvió ceder la vicepresidencia del Senado a un sector del peronismo dialoguista y dejó sin representación en la mesa de conducción al bloque alineado con Cristina Kirchner.
La decisión marcó un hecho inédito desde el regreso de la democracia: la principal fuerza opositora quedó fuera del esquema de autoridades de la Cámara alta.
La banca fue para la jujeña Carolina Moisés, cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz, en reemplazo de la kirchnerista Silvia Sapag. El movimiento fue impulsado por la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien argumentó que la propuesta apuntó a “afianzar una mayoría” parlamentaria.
Con esta jugada, La Libertad Avanza consolidó un armado que reúne a 47 senadores entre propios y aliados, sumando radicales, PRO, bloques provinciales y sectores peronistas no alineados con el kirchnerismo. La nueva configuración no solo le garantiza el quórum sino que lo deja al borde de los dos tercios.
Desde el oficialismo sostienen que los cargos deben estar en manos de quienes acompañen el rumbo del Gobierno. “Aquellos senadores que quieran acompañar esta propuesta reformista son los que creemos que tienen que ocupar esos lugares”, explicó Bullrich. Más descontracturada, citó una noticia en su cuenta de X (antes Twitter) y lanzó: “Ups”.
En el kirchnerismo la reacción fue inmediata. El jefe del bloque justicialista, José Mayans, denunció un “atropello” y acusó al oficialismo de actuar con “soberbia”. Con 25 integrantes, su espacio quedó completamente excluido de la conducción del cuerpo.
La votación reflejó la nueva correlación de fuerzas: la propuesta libertaria fue aprobada con 45 votos a favor y 24 en contra, además de una abstención.
Más allá de los argumentos formales sobre gobernabilidad, en los pasillos del Congreso la lectura fue política: el Gobierno eligió fortalecer su vínculo con mandatarios provinciales peronistas y, al mismo tiempo, aislar al kirchnerismo duro en el Senado.
En la misma sesión también se ratificaron autoridades administrativas y se designaron los representantes de la Auditoría General de la Nación, en un reparto que incluyó a oficialismo, justicialismo y radicalismo.