El camino hacia un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina sumó un capítulo de alto voltaje político. En una maniobra de último momento, el Poder Ejecutivo retiró el proyecto enviado el lunes que pretendía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y lo reemplazó por uno nuevo que establece el límite en 14 años, sintonizando con el consenso alcanzado previamente con los bloques dialoguistas.
El “paso atrás” para asegurar la mayoría
La decisión de dar marcha atrás con los 13 años no fue técnica, sino matemática. Ante la resistencia de aliados clave como el PRO y sectores de la UCR, quienes se mantenían firmes en el piso de 14 años, el Gobierno corría el riesgo de ver naufragar la iniciativa en las comisiones de Justicia y Familia.
Con este repliegue estratégico, La Libertad Avanza busca garantizar que el dictamen salga este miércoles y que la ley obtenga media sanción en la sesión maratónica prevista para el jueves.
Las claves del nuevo proyecto: plata y centros especializados
A diferencia de intentos anteriores, el nuevo texto subsana una “omisión” que preocupaba tanto a la oposición como a los gobernadores: el financiamiento.
- Presupuesto millonario: el proyecto detalla una asignación de más de $23.700 millones. De ese total, unos $20.600 millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación y el resto al Ministerio de Justicia.
- Prohibición de convivencia con adultos: se establece de forma taxativa que los menores no podrán ser alojados en cárceles comunes. El Gobierno propone la creación de centros de detención especializados con personal capacitado en niñez y adolescencia.
- Máximo de condena: se fija un tope de 20 años de prisión para los delitos cometidos por menores, y se priorizan medidas socioeducativas si la pena es menor a tres años.
Convenios con las provincias
Otro punto crucial es la facultad del Estado Nacional para firmar convenios con las jurisdicciones provinciales. Esto responde al reclamo de los gobernadores por el impacto económico que significaría readecuar sus sistemas judiciales y penitenciarios para procesar a menores de 14 y 15 años.
El oficialismo argumenta que Argentina debe salir de la “excepcionalidad regional”, citando que países como Chile, Colombia y Perú ya aplican la imputabilidad desde los 14 años. En medio de un clima social sensible por casos recientes de inseguridad, el debate en el Congreso promete ser uno de los más intensos del año.
Con información de Infobae y La Nación.
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