El Presidente remarcó que el destino de los fondos “es una decisión de carácter político no judiciable”.
El presidente Alberto Fernández llegó a Comodoro Py para declarar como testigo en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, donde la principal acusada es Cristina Kirchner.
Interrogado sobre los montos designados a obra pública y su distribución, Fernández afirmó. “Es una decisión de carácter política no judiciable, me llama la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”.
Frente a ese planteo el abogado de la vice, Carlos Beraldi, le preguntó al Presidente si había un reparto arbitrario en los fondos para la provincia de Santa Cruz, a lo que respondió: “Definitivamente no hubo nunca reparto arbitrario”.
“Me llama la atención que en esta causa se están discutiendo decisiones políticas no judiciables, esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y de obra pública, nunca fueron arbitrarias”, insistió.
Al analizar los fondos destinados a obra pública mientras él fue jefe de Gabinete, agregó que era “imposible” direccionar “fondos de una Ley de Presupuesto”, porque “es la ley más compleja de conseguir”.
“Se lo dice alguien que gobierna sin presupuesto hoy”, sentenció el jefe de Estado metiendo un tema de coyuntura en su declaración.
En cuanto a parte de la imputación que refiere a la sustracción de fondos del Estado para ser direccionados a favor de Lázaro Báez, Fernández dijo: “No me consta que eso sea así”.
A continuación el abogado defensor le preguntó si la gestión kirchnerista había favorecido a la provincia de Santa Cruz con los fondos destinados a la obra pública vial y Fernández negó que eso haya ocurrido: “Definitivamente eso no ocurrió”, insistió. La acusación fiscal sostiene que la provincia patagónica recibió más del 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional y que el 86% de los contratos volcados allí, terminaron en manos de Lázaro Báez.
El Presidente también deslindó de responsabilidades al Ministerio de Planificación Federal que condujo Julio De Vido, al señalar que como organismo “está lejos de las licitaciones” para refutar que hubo direccionamiento en los contratos que se le adjudicaron al Grupo Austral.
Bajo esa misma línea, Beraldi le preguntó si el Presidente de la Nación tenía posibilidad alguna de interferir en una obra pública para favorecer a un grupo o particular específico. “Es imposible conocer el trámite de adjudicación, una presidente puede conocer grandes números, cómo se está ejecutando el presupuesto pero no cómo evoluciona cada obra, lo que hacía Néstor, Cristina y también lo hago yo es tener reuniones periódicas para saber cómo evolucionan grandes obras”.
En su última pregunta, Beraldi se refirió a la acusación que refiere a que Cristina Kirchner encabezó un asociación ilícita que se dedicó a la defraudación del Estado al favorecer a Báez con $ 46.000 millones y le preguntó al ex jefe de Gabinete si él tenía conocimiento de dicha organización. “Definitivamente no”, fue una vez más la respuesta del Presidente.
Después fue el turno del abogado de Lázaro Baez, quien continuó con la formulación de preguntas y volvió a la imputación con la que se inició el juicio oral, al consultarle a Fernández si conoció que haya habido una decisión para favorecer al dueño del Grupo Austral por parte de los ex presidentes. “Definitivamente no me consta”, fue su respuesta.
Para defender a la vicepresidenta, volvió a referirse a la “imposibilidad de que exista algún favorecimiento para Santa Cruz”, y dijo que la obra pública “responde a un criterio político y estratégico de desarrollo”.
Más tarde, y ante las preguntas de la fiscalía a cargo de Diego Luciani, el jefe de Estado por tercera vez defendió a su vice: “En este caso hay una suerte de fantasía de que dos personas se juntaban y decían “mandémosle plata a alguien” y que eso ocurría sin ningún tipo de control y eso es imposible, por eso me llama la atención este juicio, me llamó la atención cuando leí el requerimiento de acusación contra Cristina”.
En la sala de audiencias de Comodoro Py y ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu e integrado además por Jorge Gorini y Andrés Basso, el presidente de la Nación comenzó a las 9.45 con la declaración indagatoria.
El mandatario llegó en helicóptero a la Casa Rosada desde Olivos y desde allí se dirigió en auto hasta Comodoro Py, donde ingresó a las 9.35 bajo un estricto operativo de seguridad.
La suya es una situación inédita: por primera vez un Presidente declara como testigo en un juicio donde la principal imputada es su compañera de fórmula. El otro dato es que lo hará por pedido de la propia vice, con algo adicional, cuando pidió que declaren sus ex jefes de Gabinete no existía el Frente de Todos y lejos estaba de ser el principal candidato del espacio.
Pese a tener la posibilidad de hacerlo por escrito, tal como el Código Procesal Penal prevé, el Presidente eligió realizar su descargo de manera presencial, donde las primeras preguntas las formuló la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi.
El jefe de Estado integra el listado de testigos como parte de su estrategia de defensa de Cristina Kirchner, quien sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública fueron “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que ella no firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado. Su planteo busca desechar lo que se indicó durante la instrucción, cuando la fiscalía a través de una auditoría sostuvo que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.
Ante esa acusación, el principal descargo de la vice indica que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.
Por ese motivo la actual titular del Senado pidió que declaren los ex jefes de Gabinete de sus gobiernos, como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública.
Con esta ronda de testigos irá concluyendo la instancia de declaraciones en el juicio que comenzó en mayo de 2019. Por delante quedarán ampliaciones de indagatorias, alegatos, réplicas y palabras finales hasta conocerse el veredicto del TOF 2.
Ya declaró el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien sostuvo que el Tribunal buscó “utilizar las audiencia con fines electorales”, consideró que el juicio “sólo busca criminalizar a la política y a la obra pública” y, abonando la teoría de la vicepresidenta, dijo que con la investigación “se busca desprestigiar a Cristina Kirchner”. También Aníbal Fernández, quien calificó la causa de contar con más “fines políticos que jurídicos”.
CLARIN AFG
