La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su rechazo a la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, supuestamente grabados en la Casa Rosada. Según la entidad, se trata de una medida que “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.
El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno denunciara una presunta “operación de inteligencia ilegal” destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la filtración de esas grabaciones. El fallo ordenó el “cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno (…) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”, según lo difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La respuesta de Adepa
En su comunicado, Adepa remarcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: salvo en casos que afecten a niños o adolescentes, “cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”. La entidad sostuvo que si hubo delitos en la obtención de ese material, deben investigarse y sancionarse, pero que eso no justifica la censura previa.
La denuncia judicial, presentada por el Ministerio de Seguridad en el Juzgado Federal N.º 12, apunta al empresario Pablo Toviggino, al conductor Jorge Rial y al abogado Franco Bindi, señalados como posibles integrantes de una red destinada a alterar la campaña electoral. El oficialismo, además, planteó que los audios podrían haber sido manipulados digitalmente con fines políticos.
Adepa, en cambio, sostuvo que estas medidas afectan principios constitucionales. “Las prohibiciones preventivas (…) son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional”, expresó la entidad, y advirtió que también lesionan el derecho de la ciudadanía a informarse sobre hechos de relevancia pública.