El Gobierno nacional anunció que recusará al juez federal Ernesto Kreplak en la causa que investiga las muertes por fentanilo contaminado, debido a su vínculo familiar directo con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. La decisión se conoce en un momento crítico de la investigación, con la cifra de fallecidos que ya asciende a 97 y la sospecha de que podría haber más víctimas no registradas.
El principal argumento del Ejecutivo es el presunto conflicto de intereses, ya que el laboratorio en el centro de la investigación, HLB Pharma, es el principal proveedor del ministerio que conduce el hermano del magistrado.
Críticas desde el Congreso
La decisión del Gobierno se da luego de fuertes cuestionamientos al desempeño del juez por parte de la oposición en el Congreso.
- “Nosotros pedíamos investigar esto, porque Kreplak no podía investigar a su hermano”, aseguró el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, en el canal TN.
- En la misma línea, la legisladora Silvana Giudici (PRO) había advertido: “Ya nos parece un poco lenta la investigación y más si la causa la lleva el juez que es hermano del ministro de Kicillof”.
Curiosamente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había mostrado una postura más cauta. “Hablo permanentemente con él, tengo confianza que está haciendo las cosas bien. Si él siente algo se apartará”, había declarado la funcionaria este martes.
Avanza la investigación
Mientras la política debate la competencia del juez, la causa sigue su curso con varias líneas de investigación abiertas:
- 97 muertes confirmadas: Se investigan nuevos casos en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca.
- Pericia clave: El juez Kreplak ordenó una pericia en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata para analizar una ampolla de fentanilo no contaminado y buscar pistas sobre el origen de la contaminación.
- Investigación a la ANMAT: Una fiscalía investigará la actuación del organismo de control sobre los laboratorios durante los últimos cinco años.
- Hipótesis de sabotaje: Los dueños de los laboratorios apuntados, que tienen prohibida la salida del país, sostienen que hubo un sabotaje e incluso apuntan a un exdiputado provincial que habría intentado robar ampollas para venderlas en el mercado negro.
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