“Nosotros hicimos una convocatoria en la rotonda de Presidencia Roque Sáenz Peña, guardando todos los recaudos del caso por la cuestión sanitaria. Básicamente se presentó un manifiesto que tiene diversos puntos, algunos para el gobierno provincial y otros que van mucho más allá, como la estructura de costos que hoy está jaqueando mucho a la producción primaria, fundamentalmente a la parte agrícola. La presión tributaria es otro de los aspectos a tener en cuenta y otras cuestiones vinculadas como los aportes de emergencia que todavía no se han acreditado”, explicó Vukich en cuanto a la movilización.
Refirió la dirigente del interior que esos aportes “son del año 2019, y que están sufriendo un recorte muy importante por parte de la provincia y Nación. El presupuesto era de 100 millones de pesos para 720 productores, y que en definitiva el gobernador aceptó recibir solamente 35, con un perjuicio impresionante sobre la estructura de todos los productores afectados por la inundación del año pasado”.
Por otra parte, recordó que “este año la producción está detenida, los cultivos de trigo están perdidos en un 90%. También en el de girasol se siente el impacto de la sequía y muchísima gente tenía intenciones de sembrar girasol y no lo pudo hacer por la falta de humedad en el suelo. Lógicamente, algunos de ellos han comprado sus insumos, le queda la semilla, con lo cual se hace un aumento de costos para el productor pequeño y mediano”.
Agregó además que todo esto, “lo lleva a cambiar toda la planificación que teníamos respecto a los cultivos y, por supuesto, una retracción en todo lo que significa obtener recursos en un período mucho más cercano de lo que va a ocurrir. Esto es complicado, no se puede hacer frente al endeudamiento que está existiendo en el sector, no solamente con el Estado provincial, sino también con los particulares privados; son los proveedores de insumos, que están amenazando con realizar juicios para hacerse de las acreencias por financiamiento del año pasado, por ejemplo”.
En virtud de todo ellos, “estamos solicitando que se reinstaure la emergencia económica, que ha sido vetada por el gobernador el día 19 de mayo y que servía de paraguas para, justamente, evitar los remates de campos y el secuestro de herramientas”.
En cuanto a las proyecciones que tenía el sector para el 2020, Juana Vukich subrayó que “esto dificulta todo el esquema, porque aquel que hace un cultivo en el año de girasol, y hay mucha gente que apuesta a esta metodología, tiene el impacto de que no pudo sembrar y debe cambiar totalmente su estructura y pensar qué cultivo puede sembrar allá por octubre, noviembre o diciembre, si las condiciones climáticas lo permiten”.
”Estamos hablando de algodón, maíz, sorgo y de soja – esta última a fines de diciembre o principios de enero -, y todos esos cultivos tienen el levantamiento de la cosecha yendo para mayo y junio. Y con tantos meses, sin poder percibir ninguna clase de ingresos”, advirtió la dirigente rural. Insistiendo en que las familias rurales “tienen gastos de electrificación, mantener a sus familias, pagar gastos de estructura y ya algunos habían pagado servicios para preparar los suelos; así todo se complica”.
Finalmente, Vukich mencionó que “se viene de una emergencia bravísima en el año 2018 y otra muy complicada en el 2019, y no hemos recuperado prácticamente nada a través de las leyes de emergencia vigentes”.
”Todo este perjuicio económico está provocando que los pequeños y medianos productores sigan dos caminos. O arriendan sus campos a grandes empresas o fondos de inversión, que están llegando de vuelta en una cantidad muy significativa, o venden sus lotes y buscan otro tipo de ingresos o subsistir de otra manera”, concluyó.
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