En un intento por frenar un duro revés económico, el Gobierno nacional presentó este martes una solicitud formal para suspender el fallo que obliga al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. El pedido fue elevado ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, por la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Rodolfo Barra.
Este recurso técnico, conocido en el derecho estadounidense como “stay”, buscará evitar que el fallo judicial se haga efectivo mientras se tramita la apelación. De no obtener una respuesta favorable, la administración de Javier Milei ya tiene previsto acudir a la Corte de Apelaciones.
El pedido del “stay” apuntó a frenar cualquier intento de ejecución de sentencia, lo que evitaría la entrega forzosa de acciones de la petrolera YPF. Según fuentes oficiales, el objetivo es ganar tiempo para avanzar en la apelación y reducir el monto millonario que actualmente impone el fallo.
Desde Casa Rosada aseguran que el monto impuesto por la jueza Preska es “de cumplimiento imposible” y que existen argumentos técnicos y legales que podrían reducirlo de 16.000 millones a “algunos cientos de millones de dólares”.
El Gobierno se niega a negociar
El principal beneficiario del fallo es Burford Capital, un fondo especializado en litigios internacionales. A pesar de que sus representantes han dejado entrever una eventual disposición a negociar un acuerdo extrajudicial, el Ejecutivo nacional fue claro: no habrá negociación alguna mientras el fallo no sea revisado y quede firme.
Además, sostienen que entregar el control accionario de YPF significaría un “daño irreparable al patrimonio estatal”, por lo que la defensa de la soberanía energética también forma parte del argumento del Ejecutivo.
El caso YPF
La demanda por la expropiación de YPF se remonta a la estatización de la empresa en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces, se abrió un extenso proceso judicial en Estados Unidos que ahora enfrenta uno de sus capítulos más críticos.
El pedido de suspensión marca un nuevo paso en una estrategia que, según fuentes judiciales y políticas, apunta a evitar un colapso financiero en medio de un contexto económico delicado y preservar los intereses estatales en uno de los activos energéticos más importantes del país.
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