Griselda Ruiz, una habitante de Campo Largo, dio a conocer a El Diario de la Región otra denuncia radicada con menos de una semana en la comisaría por una fumigación área en el paraje Pampa Oculta, ubicado en la zona rural de la localidad. A raíz del efecto multiplicador de las denuncias por las fumigaciones, especialistas reiteran los peligros de la aplicación de tóxicos en la salud de la población y advierten que todas las aplicaciones “pueden dar lugar a un delito penal”.
A raíz de la denuncia de Mariza Izak, difundida por el mismo medio en la edición del jueves, los vecinos de la localidad comenzaron a sumar sus testimonios y registros.
En esta línea, Griselda Ruiz narró su experiencia en una zona donde las fumigaciones para preservar las cosechas de girasol o soja, según la temporada, son más que habituales.
“El 2 de noviembre me presenté en la comisaría local para radicar una denuncia penal, cansada del abuso y los incumplimientos de los productores, que, a pesar delas advertencias, siguen fumigando con avionetas y de la falta de controles a las empresas aeroaplicadoras de la zona”, explicó.
Ruiz comentó: “Desde hace años, vengo reclamando para que se controlen estas prácticas. Pero ese día, colmé. Mientras estábamos almorzando en la galería, una avioneta fumigaba el campo de girasol que se encuentra en frente”, comentó. “Me presenté en la comisaría e hice la denuncia penal, para que la Policía inspeccione la zona y, si la investigación no avanza, me presentaré en la Fiscalía de Sáenz Peña”.
“No es una embestida contra los productores. Yo también tengo campo y vivo de la ganadería. Sólo pido que se controlen a las empresas que prestan servicios de aplicaciones aéreas, a pesar de su prohibición”, explicó Ruiz.
A raíz de esto, “varias veces les pedí a los vecinos que nos juntemos para hacer más fuerte de la denuncia, pero muchos de ellos alegan que no tienen tiempo para acompañarme. Por eso, cuando tuve la oportunidad, filmé cuando pasaba la avioneta cerca de mi galería y tomé imágenes de animales muertos cerca de la represa de agua”, narró.
La vecina alertó que no sólo está preocupada por la preservación del ambiente sino fundamentalmente por la salud de la población. “Lo que más me preocupa es que el campo de girasol está en el campo de enfrente de las dos escuelas de la zona. Allí, los alumnos y maestras tienen huertas de donde se provee alimentos para el comedor escolar”, agregó.
Ahora, estamos esperando que la tanto la Municipalidad como el Ministerio de Planificación y Ambiente vengan a inspeccionar el campo y el lote señalado. “Representantes de Ambientes me dijeron que vendrían para que los acompañe al campo fumigado. Esta es una zona poblada, hay familias, animales y plantas que podemos atestiguar las veces que se fumigó. Queremos saber qué agrotóxico utilizaron, si la avioneta está registrada y si se cumplieron con la presentación de las recetas agronómicas en el Municipio. Aunque sí podemos afirmar que nadie nos informa sobre los días y las horas en la que se fumiga y que no se respetan las distancias establecidas por la ley”.
UNA MIRADA DESDE LO LEGAL Y AMBIENTAL
Los profesionales proteccionistas de la salud y del medioambiente advirtieron en más de una oportunidad que “la agricultura es una de las pocas actividades en que se autoriza la liberación al ambiente de sustancias que están diseñadas para destruir distintas formas de vida, la liberación de agrotóxicos al ambiente se hace a través de pulverizaciones o fumigaciones aéreas o terrestres”, y explicaron: “Cuando se realiza en forma aérea, se agrega un ingrediente más al peligro ya que la deriva es mayor; por lo tanto, el aeroaplicador debe tener conocimiento de que está operando con sustancias que producen toxicidad y que la técnica utilizada implica tener mayor precaución”.
Por ello, es necesario que el Asesor Técnico, previo a emitir la Receta Agronómica de Aplicación, reconozca el terreno y haga las advertencias pertinentes; en tanto el aplicador es el responsable de informar, con 48 horas de anticipación, al Municipio local y a la población cercana el día, la hora, el lugar y el producto con que se va a fumigar”, aclara la ley provincial 2026-R.
Cabe destacar que la mencionada legislación provincial está en estrecha vinculación con la ley 777-R (antes 3946) de Residuos Peligrosos, cuyo artículo 1º establece que “la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán alcanzados por ésta ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción provincial”; y en su artículo 2º señala que “será considerado peligroso todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular los residuos indicados en el Anexo A o que posean algunas de las características enumeradas en el Anexo B de la ley”.
Asimismo, entre las categorías mencionadas, se enumeran las siguientes: Y4. Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios; Y48. Son considerados materiales diversos contaminados a los envases, contenedores y/o recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros, artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial y/o de hotelería hospitalaria destinadas a descontaminación para su reutilización, entre otros.
Por lo expuesto, los especialistas advierten que más allá de que los tóxicos sean considerados tóxicos agudos, sustancias tóxicas o sustancias ecotóxicas, su aplicación puede generar daños en la salud de la población en un corto o largo plazo, lo que da intervención a la ley 24051 del Código Penal, que establece penas de prisión de hasta 25 años.
Por lo tanto, además de sanciones administrativas aplicables, “las pulverizaciones y fumigaciones realizadas, aún bajo los requisitos legales, cuando pongan en peligro o afecten la salud humana o el ambiente en general, son pasibles de convertirse en un delito penal”, advierten los profesionales especialistas en el tema.
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