Al respecto, el pastor Robert Acosta expresó “amamos nuestros hijos, a nuestra patria, amamos a Dios y los valores que nos ha inculcado. Sabemos que tenemos esperanzas para nuestra Nación si tomamos los principios que Él ha determinado para nosotros. Y no creemos que matar a nuestros niños indefensos sea una solución, para resolver los problemas de nuestra sociedad”.
“Al contrario, creemos que los van a agravar mucho más, por eso hoy estamos aquí pastores de distintas congregaciones, gobernantes cristianos, profesionales de distintas áreas, médicos que serían muy afectados si se actualiza el protocolo ILE que envió el Ministerio de Salud de la Nación” expresó.
“Pedimos a nuestros gobernantes provinciales que escuchen nuestra opinión y nuestro clamor a Dios para poder librarnos de ésta maldición que sería matar a nuestra próxima generación. En nuestra provincia el pueblo cristiano somos el 30% de la población y quisiéramos que nuestra voz sea oída, por lo que vamos a presentar miles de firmas de ciudadanos que no están a favor de esta práctica” finalizó Acosta.
La carta que enviarán fue leída por el pastor Jorge Ledesma, “al señor gobernador Jorge Capitanich le solicitamos como ciudadanos con derecho a peticionar, para expresarle nuestro total rechazo al protocolo para matar niños por nacer, resolución 1/2019, que es la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y solicitarle la no adhesión de la provincia a la referida actualización porque la resolución referida, entre otros absurdos, yerros y falacias obliga a ofrecer el aborto a toda embarazada, promoviendo ésta práctica a simple demanda hasta el final del embarazo”.
“Retaceando la información para obtener el consentimiento de la paciente, manipulando los resultados de la ecografía y disponiendo su práctica a través de medicamentos no autorizados en Argentina”.
“Asimismo, limita la objeción de conciencia de los médicos, la cual solo puede ser efectuada de forma individual y muy restrictiva, no pudiendo invocarse la objeción para eludir el deber de participar de un procedimiento de ILE si no existe otro profesional que pueda garantizar la práctica”.
“Tampoco se permite la objeción institucional, debiendo los servicios de salud, garantizar el aborto, violando así el derecho a la libertad de asociación y a la libertad de conciencia, pensamiento, religión y culto”.
“Además no se contempla la objeción de quienes realizan actos que son necesarios para la realización del aborto y podrían estar cooperando con esta práctica contraria a la vida.
Por último, minimiza el valor de la violación, al no insistirse en la declaración jurada del infortunado suceso. Además, se consagra la figura del referente afectivo de la niña, o sea de una persona, que ante la negativa de que los progenitores que su hija aborte, puede acompañarla a prestar su consentimiento para la práctica, figura de la cual puede valerse el violador para acompañar a la menor a abortar”.
“Señor gobernador, sabiendo de su compromiso con el valor de la vida de la madre y del bebé en gestación, expresado en reiteradas ocasiones, esperamos vernos representados en sus decisiones al respecto. No se trata de querer imponer una posición, sino de defender la vida que no puede defenderse” finalizó Ledesma.