El Tribunal Oral Federal N° 2 resolvió que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla condena por la causa Vialidad en su departamento del barrio porteño de Monserrat. Además, tendrá que utilizar una tobillera electrónica.
Por otro lado, deberá abstenerse de alterar la tranquilidad del barrio, tras varios días en las que militantes peronistas acudieron a ese lugar para dar su apoyo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los desalojó el domingo en la madrugada. Esto implica que tendrá que evitar salir al balcón.
“Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes“, sintetizó el tribunal.
También estará regulada y limitada el ingreso de personas a ese departamento. En un plazo de 48 horas, la defensa tendrá que presentar un listado que incluye a familiares, custodios y profesionales -entre ellos, médicos-. En estos casos, no necesitarán autorización judicial.
Las condiciones serán revisadas cada tres meses por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.
Si Cristina incumpliera las condiciones, entonces tendrá que cumplir la condena en una cárcel común.
Según la resolución, la ex presidenta tiene la obligación de no quebrantar estas condiciones, “salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”. En estos casos, “deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción”.
La decisión judicial buscó, por otro lado, descomprimir la marcha que el kirchnerismo había anunciado para este miércoles hacia los tribunales federales de Comodoro Py, momento en el que la ex mandataria tenía que acudir para ser notificada del cumplimiento de la pena.
El tribunal compuesto por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispuso la medida luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron que la ex mandataria cumpliera precisamente la condena de seis años de prisión con el beneficio de la prisión domiciliaria, que había pedido a su vez el abogado de la defensa, Carlos Beraldi.
La notificación se hizo a través de Beraldi y de la comisaría federal del barrio. La defensa había solicitado el beneficio porque la ex presidenta tiene 72 años y, por otro lado, por el ataque que sufrió en septiembre de 2022 en la puerta de su casa en el barrio de Recoleta.
Sin embargo, para los fiscales no había argumentos para que cumpliera la pena en esa condición en su domicilio.
“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria“, sostuvieron en sus argumentos, previo a la resolución del tribunal que preside Gorini.
Para Luciani y Mola, “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, , vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad“.
Y solicitaron al tribunal que, si rechazaba el planteo, Cristina utilizara una tobillera electrónica. Por el contrario, Beraldi había afirmado que ese control era “innecesario“.
Con información de Infobae, Todo Noticias y La Nación.
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