Alertaron sobre un “exceso del uso de la prisión preventiva” en causas por corrupción. Remarcaron la inmunidad de arresto conferida en la Constitución. Creen que la Justicia “manipula” algunos casos.
El gobernador Domingo Peppo reunión este domingo a una treintena de intendentes justicialistas en Margarita Belén para abordar la situación derivada del accionar de la Justicia Federal en el marco de las causas por corrupción, aunque la excusa fue analizar aspectos del presupuesto nacional 2019 y lo que les toca a los municipios.
A instancias del fiscal federal Patricio Sabadini, el juez federal Aldo Alurralde, en reemplazo de Zunilda Niremperger, ordenó a mediados de agosto la detención del entonces intendente de Villa Río Bermejito: Lorenzo Heffner, y de la presidente del Concejo Municipal de esa ciudad: Rosana Giménez, además del esposo de ésta y exsecretario de Gobierno: José Hipperdinger y su hijo Adrián en la causa Lavado 3, que investiga el destino de los fondos nacionales enviados para la construcción de viviendas sociales.
En el mismo contexto, este jueves Niremperger ordenó la detención de Silvia y Alejandra Hipperdinger, y del intendente de Juan José Castelli: Oscar Alberto Nievas, hermano del ministro de Gobierno y Justicia: Martín Nievas.
Esta novedad generó un revuelo y la preocupación del Gobierno, que inmediatamente respaldó al intendente remarcando que goza de inmunidad de arresto, conferida por la Constitución Provincial en el artículo 195.
Adelantándose a las circunstancias, los intendentes le expresaron a Peppo su preocupación por el “exceso de la prisión preventiva” por parte de la Justicia en las causas en las que se investigan presuntos hechos de corrupción en la gestión.
“Ante los requerimiento de situaciones judiciales, los intendentes expresaron su profundo respeto por la Justicia pero consideran que también se debe respetar la institucionalidad y la autonomía de los municipios”, resumió Peppo, y dijo que hubo una unánime expresión de solidaridad hacia el intendente Nievas.
“No queremos que exista un exceso de la figura de la prisión preventiva, es lamentable para las personas que tiene una responsabilidad institucional”, dijo el Gobernador, y opinó que los procesos en trámite se pueden desarrollar sin detener a los intendentes.
En el mismo sentido, los intendentes hicieron especial hincapié en la necesidad de garantizar el respeto a la definición que tome el Concejo Municipal al final del proceso de desafuero previo. Y alertaron sobre diferencias de criterios que podrían llevar a la manipulación interesada de determinados casos, que deja en evidencia que la Justicia “no es independiente”.
“Si bien existen muchas denuncias, la investigación se debe hacer sin ningún tipo de interés particular, sino exclusivamente en busca de la verdad”, dijo Peppo, y consideró que “la prisión preventiva es un instrumento que se debe utilizar en situaciones excepcionales, no como la regla para cada investigación”.
HDP NOTICIAS.-