En una nueva reestructuración administrativa, el Gobierno nacional oficializó la transferencia de la administración, operación y custodia de la flota aérea presidencial al Ministerio de Defensa, en el marco del Decreto 383/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.
La decisión fue tomada en consonancia con lo dispuesto por el Decreto 317/2025, que amplía las competencias del Ministerio de Defensa, y con el objetivo de aprovechar de forma más eficiente el personal y los recursos técnicos de dicha cartera. Las aeronaves transferidas seguirán siendo utilizadas exclusivamente para los traslados del Presidente y del Poder Ejecutivo Nacional.
Según el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, el Ministerio de Defensa asume a partir de ahora la plena responsabilidad sobre el mantenimiento, control técnico y operatividad de las aeronaves presidenciales, aunque seguirá sujeto a las instrucciones y requerimientos que emita la Secretaría General de la Presidencia.
Además, se mantendrá el régimen especial de contrataciones vigente desde 2004 —establecido para asegurar la operatividad de la flota—, independientemente del cambio de jurisdicción.
Entre los puntos destacados del decreto se incluye la modificación de los objetivos y funciones de varias dependencias estatales, como la Subsecretaría de Planificación General, la Casa Militar y la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico del Ministerio de Defensa. Estas modificaciones buscan armonizar la nueva estructura organizativa con la transferencia de responsabilidades.
También se dispuso la supresión y creación de nuevas direcciones operativas, la reasignación de funciones ejecutivas y la adecuación del Nomenclador de Cargos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
El Gobierno aseguró que estas medidas no implican un aumento en la cantidad de unidades organizativas dentro de la Administración Pública Nacional.
Finalmente, se faculta tanto a la Secretaría General de la Presidencia como al Ministerio de Defensa a emitir las normativas complementarias necesarias para implementar los cambios dispuestos.
La medida refleja uno de los lineamientos centrales del gobierno de Javier Milei: avanzar en la desburocratización del Estado y en una reestructuración profunda de la administración pública nacional.
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