El Gobierno confirmó que apelará la decisión del juez Martín Cormick, que impuso una multa diaria de $100.000 por incumplir la cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
“Es un magistrado que recurrentemente ha fallado en contra del gobierno del Presidente de Javier Milei y de todos los argentinos”, señalaron en Casa Rosada. Además, aseguraron que “tiene pasado y amigos en La Cámpora”, y recordaron que tiempo atrás buscó declarar nulo el protocolo antipiquetes.
Al respecto, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, celebró la decisión de Cormick de multar al Gobierno. “Es muy importante como antecedente en el proceso judicial que sigue su curso y ratifica que la ley no se está cumpliendo”, afirmó.
“Nosotros habíamos notificado desde el CIN al juez que había vencido el plazo y no se había cumplido, por lo que habíamos solicitado se apliquen las multas correspondientes. No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho estableciendo responsabilidades específicas”, señaló Bartolacci.
La cautelar exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación de las sanciones, sostuvo que los pagos todavía no se habían registrado.
“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, señaló Cormick en la resolución.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves una nueva demostración de fuerza de las universidades públicas, uno de los sectores con los que mantiene un conflicto desde el inicio de su gestión y con el que todavía no consigue encauzar una solución.
La quinta Marcha Federal Universitaria llegará después de sucesivos paros, protestas estudiantiles y fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente vetó y que el Congreso ratificó.
La movilización confluirá frente al Congreso, donde la oposición intentará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023. La coincidencia de ambas convocatorias amenaza con transformar el reclamo universitario en una jornada de mayor presión política sobre la Casa Rosada.
A diferencia de otros conflictos sectoriales, la disputa por el financiamiento universitario excede la discusión salarial y presupuestaria. La defensa de la educación pública tiene un fuerte arraigo social y permite reunir a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones de distintas pertenencias políticas. (TN)