La empresa británica Rockhopper anunció la compra de una participación del 35% en una plataforma flotante que será parte del proyecto Sea Lion, en sociedad con la israelí Navitas, para extraer crudo en aguas de las Islas Malvinas, pese a las sanciones de la Argentina en pleno reclamo de la soberanía del archipiélago.
Rockhopper anunció en un comunicado la firma de un acuerdo para la adquisición, por US$44 millones, del 35 % en la firma SPV, propietaria de OSX-1, una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). SPV es una empresa de reciente constitución cuyo único activo es la FPSO OSX-1, plataforma cuyo valor total es de US$125 millones.
El proyecto Sea Lion, en la que Navitas tiene una participación del 65%, apuesta a convertirse en 2028 en el primero en producir crudo en las Islas Malvinas, archipiélago del Atlántico sur que es eje de fuertes disputas de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y es el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas que rodean las islas, hallazgo anunciado por Rockhopper en mayo de 2010.
Navitas se sumó al proyecto a principios de 2020. En diciembre de 2025 ambas compañías anunciaron la decisión final de inversión, un paso clave porque eso implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras se completaron y que la iniciativa es considerada un negocio viable.
El proyecto prevé una inversión de US$1800 millones hasta la obtención del primer crudo, previsto para marzo de 2028, y de US$2100 millones para el resto de la explotación, con una duración proyectada de 30 años.
El desarrollo de Sea Lion será por fases, inicialmente por el Área de Desarrollo Norte (NDA). Luego seguirá el Área de Desarrollo Central (CDA), que usará la unidad OSX-1, una plataforma con la que las empresas socias esperan acelerar y aumentar el volumen de producción hasta alcanzar 180.000 barriles diarios a finales de 2030.
La Argentina, que reclama la soberanía sobre las Malvinas, ocupadas por Reino Unido desde 1833, demandó a las dos empresas y a sus accionistas, al argumentar que el gobierno isleño les otorgó los permisos de forma ilegal y unilateral.
En el caso de Sea Lion la Argentina inició un proceso inédito en el derecho internacional que, de tener el resultado esperado por el Gobierno nacional, se traducirá en un importante triunfo en la estrategia de aumentar la presión contra el Reino Unido, la administración isleña y las empresas privadas que buscan llevar adelante la exploración y explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
La Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), medida que se concretará por medio de un procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que ambos países ratificaron.
Sumado a sanciones contra 45 personas humanas y jurídicas de 11 países, entre petroleras, accionistas, fondos, proveedores y asesores, la mayoría vinculadas a Sea Lion y una denuncia contra cinco empresas vinculadas con la actividad petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, entre otras medidas. (TN)