Abogados y procuradores preocupados por proyecto de ley que pretende crear registro de obstructores de vínculos familiares
El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco manifestó su preocupación por el proyecto de Ley 3000/2022, a través del cual se pretende crear un registro de obstructores de vínculos familiares. “Este proyecto de ley pretende perjudicar la situación de las y los progenitores que tienen bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes cuyo vínculo con sus otros/as progenitores pudo haberse interrumpido debido a denuncias o sospechas de violencias y abusos, yendo en consecuencia contra el principio fundamental de proteger prioritariamente el interés de niños, niñas y adolescentes (NNA)”, aseguran en un escrito que rubrican el presidente de la entidad Ricardo José Urturi; la vicepresidenta Elisa Fernández Asselle; el secretario José Miguel Vigier y el tesorero Leandro Fioravanti.
A su vez, entienden que “es un proyecto de ley que pone la prioridad en aquellos/a progenitores que están denunciados por violencia y abusos contra los niños, las niñas y adolescentes, definiendo como obstructores a padres y madres que piden judicialmente restricciones al contacto y la comunicación para protegerlos/as, siendo casos en donde no se puede decir irresponsablemente que sean todas denuncias falsas”. “Agrava de esta manera la situación de quienes muchas veces enfrentan en soledad el cuidado de niños, niñas y adolescentes, sin aportar ninguna solución o mejora para su bienestar individual, ya que llevará en los hechos a que la persona que en ejercicio de los cuidados personales cohabita con esos/as NNA pueda perder su empleo y/o no acceder a una vivienda, o quedar fuera del sistema crediticio”, advierten abogados y procuradores.
Del mismo modo, aseguran que “es un proyecto de ley que perjudica a las familias protectoras, porque son las que mayormente denuncian la violencia familiar y de género y las que están a cargo de NNA, enfrentando procesos contra progenitores violentos y/o abusadores, que lejos de asumir las consecuencias de sus propios actos las externalizan. Es un proyecto de ley que no aporta una solución pensada en el interés superior de NNA”.
“Es deber de quienes ejercemos la abogacía priorizar el respeto por las personas en situaciones de vulnerabilidad y los principios y valores éticos especialmente en cuestiones de infancias y familias en su gran diversidad y nuestro esfuerzo debe estar encaminado para la mejor resolución de cada caso sin perder de vista lo esencial que son los superiores intereses de NNA”, concluyen en el escrito.
Y cierran: “Nuestra opinión se sustenta en la intervención previa del Instituto de Derecho de las Familias y Sucesiones que está compuesto por abogadas y abogados asociadas/os a nuestra institución y que se han especializado en la materia y trabajan profesionalmente en el fuero de niñez, adolescencia y familia, sin improvisación ni oportunismos”. “Rechazamos las falaces descalificaciones que se vierten para sostener la defensa de una de las partes que participan en estos graves y dolorosos conflictos intrafamiliares, agrediendo irresponsablemente a profesionales de la abogacía que trabajan con probidad y compromiso con los dramas humanos que intentan encausar en el ámbito pacificador y protector del sistema judicial”, concluyen Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco.
A su vez, entienden que “es un proyecto de ley que pone la prioridad en aquellos/a progenitores que están denunciados por violencia y abusos contra los niños, las niñas y adolescentes, definiendo como obstructores a padres y madres que piden judicialmente restricciones al contacto y la comunicación para protegerlos/as, siendo casos en donde no se puede decir irresponsablemente que sean todas denuncias falsas”. “Agrava de esta manera la situación de quienes muchas veces enfrentan en soledad el cuidado de niños, niñas y adolescentes, sin aportar ninguna solución o mejora para su bienestar individual, ya que llevará en los hechos a que la persona que en ejercicio de los cuidados personales cohabita con esos/as NNA pueda perder su empleo y/o no acceder a una vivienda, o quedar fuera del sistema crediticio”, advierten abogados y procuradores.
Del mismo modo, aseguran que “es un proyecto de ley que perjudica a las familias protectoras, porque son las que mayormente denuncian la violencia familiar y de género y las que están a cargo de NNA, enfrentando procesos contra progenitores violentos y/o abusadores, que lejos de asumir las consecuencias de sus propios actos las externalizan. Es un proyecto de ley que no aporta una solución pensada en el interés superior de NNA”.
“Es deber de quienes ejercemos la abogacía priorizar el respeto por las personas en situaciones de vulnerabilidad y los principios y valores éticos especialmente en cuestiones de infancias y familias en su gran diversidad y nuestro esfuerzo debe estar encaminado para la mejor resolución de cada caso sin perder de vista lo esencial que son los superiores intereses de NNA”, concluyen en el escrito.
Y cierran: “Nuestra opinión se sustenta en la intervención previa del Instituto de Derecho de las Familias y Sucesiones que está compuesto por abogadas y abogados asociadas/os a nuestra institución y que se han especializado en la materia y trabajan profesionalmente en el fuero de niñez, adolescencia y familia, sin improvisación ni oportunismos”. “Rechazamos las falaces descalificaciones que se vierten para sostener la defensa de una de las partes que participan en estos graves y dolorosos conflictos intrafamiliares, agrediendo irresponsablemente a profesionales de la abogacía que trabajan con probidad y compromiso con los dramas humanos que intentan encausar en el ámbito pacificador y protector del sistema judicial”, concluyen Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco.
