La Justicia determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades al frenar la entrega de permisos de inmigrante. La decisión alcanza a países de América Latina como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
Crédito: The White House
Un tribunal federal de Estados Unidos anuló la política del gobierno de Donald Trump que mantenía suspendida desde enero la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que la medida excedía las facultades legales del Departamento de Estado.
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La decisión fue adoptada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York Jeannette Vargas, quien calificó la prohibición como “manifiestamente ilegal” y concluyó que el secretario de Estado, Marco Rubio, no tenía autoridad para imponer una restricción general de esas características.
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La administración estadounidense había justificado la decisión con el argumento de que los solicitantes provenientes de determinados países presentaban un mayor riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.
Sin embargo, la magistrada sostuvo que la política obligaba a rechazar solicitudes incluso de personas que reunían los requisitos y tenían altas probabilidades de ser económicamente autosuficientes, sin realizar el análisis individual que establece la normativa migratoria.
Qué países estaban alcanzados por la suspensión de visas
La lista incluía a varias naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También estaban alcanzados ciudadanos de Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen, entre decenas de otros países.
Crédito: The White House
Un tribunal federal de Estados Unidos anuló la política del gobierno de Donald Trump que mantenía suspendida desde enero la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que la medida excedía las facultades legales del Departamento de Estado.
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La decisión fue adoptada por la jueza del Distrito Sur de Nueva York Jeannette Vargas, quien calificó la prohibición como “manifiestamente ilegal” y concluyó que el secretario de Estado, Marco Rubio, no tenía autoridad para imponer una restricción general de esas características.
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La administración estadounidense había justificado la decisión con el argumento de que los solicitantes provenientes de determinados países presentaban un mayor riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.
Sin embargo, la magistrada sostuvo que la política obligaba a rechazar solicitudes incluso de personas que reunían los requisitos y tenían altas probabilidades de ser económicamente autosuficientes, sin realizar el análisis individual que establece la normativa migratoria.
Qué países estaban alcanzados por la suspensión de visas
La respuesta del gobierno de Donald TrumpEntre quienes impulsaron la demanda se encuentran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas bajo la nueva política y seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron perjuicios para familiares residentes en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.
El fallo no solamente dejó sin efecto la suspensión hacia adelante, sino que también anuló las negativas fundamentadas exclusivamente en esa directiva. La resolución podría derivar así en la revisión de miles de solicitudes que ya habían sido procesadas.
La respuesta del gobierno de Donald Trump
Consultado sobre la decisión judicial, un portavoz del Departamento de Estado evitó pronunciarse específicamente sobre el litigio por encontrarse todavía en curso.
De todos modos, defendió el criterio general de la administración republicana y aseguró que “la Administración Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas”.
Desde las organizaciones que participaron de la demanda celebraron el fallo. Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, afirmó que representa una “victoria significativa para los cientos de miles de familias” afectadas por la restricción.
Por su parte, la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, sostuvo que la resolución constituye un “contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria” y cuestionó que el Gobierno utilice la legislación migratoria para imponer restricciones generales sobre países enteros.