Los puertos de todo el país, incluido el de Bahía Blanca, continúan paralizados desde el último fin de semana por una medida de fuerza tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026 promovido por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje. Se estima que está afectando a unas 150 embarcaciones, que no pueden salir ni entrar de las terminales portuarias.
La protesta —un lock-out llevado adelante por prácticos, pilotos y baqueanos— comenzó el sábado 1 de agosto y abarca desde los puertos del extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La medida impacta con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina, dejando a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
En Bahía Blanca la actividad también se ha visto paralizada. De hecho, la flota que instalará la terminal off shore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur se encuentra fondeada a la altura de la boya 17, sin posibilidades de maniobrar por la suspensión de los servicios de practicaje.
El decreto que facilitó la acción sindical, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar las “barreras de entrada” al sector, reducir costos operativos y permitir la contratación directa de servicios, además de habilitar a capitanes con experiencia a navegar sin la obligación de disponer de contratos de prácticos.
Desde la vereda de enfrente, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante tildó la reforma de “abusiva e inconstitucional”. La entidad adelantó que recurrirá a la Justicia Federal mediante una Acción de Amparo y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, al señalar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos.
Ante el desabastecimiento operativo y las complicaciones logísticas, la Prefectura Naval Argentina reaccionó enviando cédulas de “intimación perentoria” a los profesionales para que reanuden la prestación del servicio bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje.
A pesar de la advertencia oficial, los profesionales ratificaron la medida de fuerza. No obstante, fijaron excepciones estratégicas: continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.
El detonante
El detonante fue el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991 y apunta a modificar varios de sus aspectos centrales: quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, permite que armadores y agencias marítimas contraten en forma directa a los prácticos, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona a navegar sin necesidad de contratar un práctico.
La medida de fuerza tiene características particulares: como los prácticos trabajan de manera independiente y no están agrupados bajo un mismo gremio con capacidad de convocar a un paro tradicional, la decisión se dio en forma coordinada pero sin una orden centralizada. Quienes ya tenían turnos asignados con anterioridad siguen cumpliendo esos compromisos con normalidad; lo que se frena son las nuevas contrataciones.
Según explicó el Gobierno al anunciar la medida, el objetivo es bajar los costos logísticos y fomentar la competencia dentro de la actividad. Sturzenegger sostuvo que se “desarmaron kioscos”, a través de un mensaje en su cuenta de X. El funcionario explicó que el esquema anterior funcionaba con “barreras de entrada” que limitaban la cantidad de prestadores y encarecían el servicio, y cuestionó en particular la segmentación geográfica que —dijo— obligaba a contratar a más de un práctico para completar un mismo recorrido.
Las entidades que nuclean a prácticos, pilotos y baqueanos tienen una lectura distinta. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó a la norma de inconstitucional y anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, sostienen que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo en el sector. (La Nueva., con información de TN, NA y Argenports)