El presidente Javier Milei se refirió, este domingo en su discurso ante la Sociedad Rural Argentina (SRA), al proyecto vinculado a las vías navegables que impulsan desde el Gobierno Nacional: se trata de la modificación de la Ley de Cabotaje (Decreto-Ley N° 19.492/44) que tanto legisladores oficialistas como bloques aliados pretenden sancionar para otorgar permisos temporarios a buques extranjeros con el fin de bajar costos logísticos y potenciar los puertos del país.
Durante la exposición, Milei anunció que este proyecto cambiará las normas de navegación, con una reforma orientada a la desregulación del sector y facilidades logísticas.
La modificación de dicho decreto impacta en la apertura del transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos a buques de bandera extranjera, en la flexibilización de las exigencias sobre tripulación nacional y en la eliminación de aranceles de importación para barcos.
Asimismo, permite que las navegaciones de otras banderas operen el cabotaje fluvial y marítimo local mediante autorizaciones temporarias, al mismo tiempo que elimina la obligación de contar con tripulación local durante los primeros 90 días, con una escala de manera gradual hasta un piso del 75% al año de operar.
Esta reforma, por un lado, elimina aranceles para importar barcos nuevos o de hasta 20 años de antigüedad con el fin de incrementar la oferta de bodegas y, por otro, busca reducir el gasto logístico en la hidrovía y en las economías regionales y intenta solucionar la falta de barcos locales suficientes para mover la producción interna.
En cuanto a los bloques opositores, también presentaron otros proyectos vinculados a la navegación: en el caso de Unión por la Patria, la iniciativa fue presentada por la diputada nacional Agustina Propato para declarar a la Vía Navegable Troncal del Río Paraná como un bien de Interés Público Nacional y Objetivo de Valor Estratégico.
Contrariamente a lo que propone el Gobierno Nacional, esta normativa pretende frenar el avance de las privatizaciones en el sector fluvial y garantizar que el control operativo, el dragado y la administración del comercio exterior permanezcan bajo la órbita de la soberanía del Estado argentino.
De hecho, establece el tramo comprendido entre el kilómetro 1.238 (Confluencia) hasta las aguas profundas del Río de la Plata como infraestructura crítica nacional indispensable y esto limita la entrega de recursos estratégicos a consorcios privados extranjeros. (con información de NA)