Un diputado radical cercano a Luis Petri presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone crear un sistema digital de transparencia activa para publicar en tiempo real información detallada sobre el gasto público de Mendoza.
La iniciativa fue impulsada por Carlos Ponce y plantea la creación de una plataforma unificada donde los ciudadanos puedan consultar ejecución presupuestaria, contrataciones, subsidios, fideicomisos, programas públicos y erogaciones salariales del Estado.
La propuesta se presenta como una ley complementaria de la norma provincial 9.625 de modernización del Estado y apunta a consolidar un esquema de “gobierno abierto” basado en la publicación sistemática, accesible y automatizada de la información pública.
Entre los argumentos, el proyecto sostiene que actualmente los datos sobre gasto estatal están dispersos en distintas plataformas y organismos, lo que dificulta el control ciudadano y el seguimiento de las políticas públicas.
El texto toma como referencia experiencias internacionales como “Presupuesto Abierto” de Chile, el sistema europeo “OpenTED” y programas de datos fiscales abiertos impulsados por organismos multilaterales. En ese marco, propone que Mendoza centralice información vinculada a contrataciones, licitaciones, transferencias, subsidios, fondos fiduciarios y gastos en personal mediante una plataforma pública, libre y gratuita, que incluso podría funcionar sobre estructuras tecnológicas ya existentes como “Mendoza x Mí”.
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El proyecto establece que la obligación alcanzará al Poder Ejecutivo provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas estatales y sociedades con participación pública, además de fondos fiduciarios integrados con recursos provinciales.
En cambio, invita al Poder Judicial, la Legislatura y los municipios a adherir de manera voluntaria. También prevé mecanismos de interoperabilidad entre sistemas estatales, automatización progresiva y estándares de actualización permanente de los datos publicados.
La iniciativa incorpora además cláusulas sobre protección de datos personales y responsabilidades funcionales para los organismos que incumplan con la publicación o actualización de la información. Según el proyecto, cada dependencia deberá designar un responsable específico encargado de garantizar la carga y veracidad de los datos. El Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para reglamentar el sistema en caso de aprobación legislativa.