La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó una ofensiva legal contundente para frenar la vigencia de la reforma laboral. La entidad sindical presentó un pedido formal de nulidad contra la sentencia de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que recientemente había dado luz verde a la aplicación de los cambios legislativos.
La central obrera argumenta que el fallo carece de sustento jurídico válido y que vulnera derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores argentinos.
La estrategia gremialista incluye la recusación con causa de los magistrados que firmaron la resolución. Los abogados de la CGT cuestionan la imparcialidad de los jueces, señalando que su decisión se aparta de la jurisprudencia previa y que favorece arbitrariamente los intereses del Poder Ejecutivo.
Esta medida busca apartar a los camaristas del expediente y forzar una nueva revisión de la norma por parte de un tribunal que los sindicalistas consideren neutral.
El reclamo hace foco en la supuesta invalidez del proceso técnico que permitió la vigencia de la ley. Según la presentación judicial, el fallo recurrido contiene vicios procesales graves que deberían derivar en su anulación inmediata.
Mientras se resuelve esta disputa en los tribunales, la incertidumbre sobre la aplicación de las nuevas modalidades de contratación y el régimen de indemnizaciones genera un clima de tensión constante entre las cámaras empresariales y los sectores sindicales.
La CGT advirtió que agotará todas las instancias, incluyendo la llegada a la Corte Suprema de Justicia, para impedir que la reforma se consolide. Los dirigentes sindicales sostienen que los cambios impulsados por el Gobierno precarizan el empleo y eliminan conquistas históricas. Por su parte, la justicia deberá definir en los próximos días si acepta la recusación de los jueces o si mantiene firme la vigencia de la reforma, en lo que representa uno de los desafíos legales más críticos para la gestión actual.
Con información de TN y La Nación.