Una investigación judicial que se aceleró en los últimos meses expone un presunto esquema de sobornos vinculado al sistema de importaciones durante la etapa más restrictiva del cepo cambiario.
La causa, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, incluye cerca de 30 allanamientos realizados en cinco meses y apunta a operadores financieros, empresarios y al menos cinco funcionarios del Banco Central. Según fuentes del expediente, cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para acceder a permisos de importación bajo el esquema del SIRA.
El mecanismo investigado se desarrolló durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y bajo la gestión económica de Sergio Massa.
El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, regulaba el acceso al dólar oficial mediante evaluaciones cruzadas entre la AFIP, la Aduana, el Banco Central y la Secretaría de Comercio. En ese entramado, el expediente judicial intenta determinar si existió discrecionalidad en la aprobación de operaciones a cambio de retornos ilegales.
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La causa se mantiene bajo secreto de sumario, pero ya habría identificado montos superiores a los 3,5 millones de dólares en operaciones concretadas. A diferencia de otras investigaciones, se trata de importaciones efectivamente realizadas y no simuladas.
El fiscal solicitó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas y entidades, además de requerir informes a organismos clave. Entre los imputados figuran funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, quienes en su mayoría entregaron sus dispositivos a la Justicia.
El expediente también alcanza a empresarios vinculados al negocio cambiario y revela posibles conexiones entre auditores externos del Banco Central y estudios contables que asesoraban a compañías importadoras. Parte de la evidencia surge de chats y documentos digitales que coinciden con denuncias previas sobre pedidos de sobornos para acelerar autorizaciones. Testimonios recogidos en investigaciones periodísticas ya señalaban porcentajes similares y plazos abreviados a cambio de pagos en efectivo.
El caso retoma un tema que durante años tuvo escaso avance judicial pese a reiteradas denuncias. Antecedentes de 2023, que involucraban a funcionarios de la Secretaría de Comercio, fueron archivados. Sin embargo, esta nueva derivación —originada en una causa paralela entre empresarios— podría reactivar una línea de investigación de alto impacto político y económico.
La magnitud potencial del esquema se vincula con el volumen de importaciones: sólo en 2023 superaron los 75.000 millones de dólares, lo que convierte cualquier desvío marginal en cifras de fuerte incidencia sistémica.
Con información de La Nación.