La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares, cerrando un ciclo legislativo que promete transformar la actividad económica en las provincias cordilleranas. Con una mayoría de 137 votos, 111 negativos y tres abstenciones, el oficialismo y sus aliados lograron ratificar la norma que ya contaba con la aprobación del Senado, otorgando así la sanción definitiva a una de las normas más debatidas de los últimos años.
Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
El oficialismo captó incluso votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.
En contra se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
Qué cambia
La nueva legislación modifica los criterios de protección de las zonas glaciares y periglaciares, estableciendo definiciones técnicas que permiten el desarrollo de proyectos industriales en áreas anteriormente restringidas.
El Gobierno nacional impulsó este cambio con el argumento de atraer inversiones de gran escala, especialmente en el sector de la minería de cobre y litio, bajo la premisa de que la ley anterior funcionaba como una barrera burocrática para el crecimiento regional.
El oficialismo llegó al recinto con la confianza de haber consolidado los apoyos necesarios tras semanas de negociaciones con bloques provinciales. Los gobernadores de la zona cordillerana jugaron un rol fundamental en el resultado, presionando por una normativa que les permitiera explotar el potencial metalífero de sus territorios. Según los fundamentos de la ley, las nuevas precisiones técnicas brindan la certidumbre que las empresas internacionales exigían para desembolsar capitales de largo plazo.
En la vereda opuesta, la oposición y diversos colectivos ambientales manifestaron su rotundo rechazo, calificando la jornada como un retroceso en la preservación de los ecosistemas más frágiles del país. Sostienen que reducir los niveles de protección en un contexto de crisis climática pone en peligro las principales cuencas hídricas que abastecen de agua dulce a las poblaciones y a la agricultura nacional.
Con la sanción definitiva, la ley queda ahora en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación.