El Gobierno hizo una nueva designación en un cargo clave de PAMI

El Gobierno hizo una nueva designación en un cargo clave de PAMI

María Florencia Zicavo fue designada como la nueva síndico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.

La designación de Zicavo se conoció a través del Decreto 220/2026 del Boletín, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

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En el mismo se indicó “desígnase Síndico General del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la doctora María Florencia Zicavo”. Este nombramiento se produce en un contexto marcado por auditorías internas y denuncias por presuntas irregularidades.

En tanto, Zicavo tendrá la función de supervisar los procesos internos y que haya una correcta administración de los recursos asignados al organismo de salud.

A comienzos de febrero, auditorías recientes realizadas por el PAMI en áreas críticas como cardiología y gastroenterología encendieron las alertas dentro del sistema de atención a jubilados. Los controles internos detectaron volúmenes de prestaciones médicas difíciles de justificar, incompatibles tanto con una jornada laboral habitual como con la capacidad operativa declarada por los prestadores.

Uno de los episodios más llamativos surgió en el área de gastroenterología. Allí, un prestador que dispone de apenas dos quirófanos informó haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en solo cinco horas, una cifra que, según los auditores, supera ampliamente cualquier posibilidad real de funcionamiento del establecimiento.

Estas anomalías se suman a denuncias que ya habían sido impulsadas por las autoridades del organismo, encabezadas por Esteban Leguízamo. Entre las irregularidades señaladas figuran presuntos casos de fraude, sobrefacturación y utilización de recetas falsas. A partir de estas sospechas, el PAMI avanzó con un refuerzo de los controles, la apertura de sumarios administrativos, la aplicación de sanciones y la presentación de denuncias penales por presuntas maniobras millonarias.

El decreto

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