Alejandro Zalazar era médico, tenía 29 años y había nacido en Mendoza. En febrero fue hallado sin vida en su departamento de la ciudad de Buenos Aires y la necropsia confirmó una sobredosis de propofol y fentanilo. La muerte derivó en un escándalo, porque estaría vinculado a los “viajes controlados” de anestesistas que suministran estos poderosos fármacos en encuentros privados llamados “Propo Fest“.
El joven médico había egresado años atrás del Colegio Universitario Central y posteriormente estudió medicina. Tras recibirse en la provincia, se encontraba realizando la residencia en anestesiología en el Hospital Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires.
El día de su fallecimiento tenía que asistir en una operación en la Fundación Favaloro. Como no se presentó y no atendía los llamados, la familia llamó al 911.
La investigación de su muerte en la calle Juncal al 600 del barrio porteño de Palermo está vinculada a una trama de consumo de estos medicamentos por fuera del sistema sanitario, por parte de un grupo de médicos con fines recreativos.
Los primeros resultados de la autopsia permitieron conocer que el joven mendocino murió por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico. Sospechan que se debió por una sobredosis.
Al momento de ser hallado, Zalazar tenía una vía conectada a su pie y en su departamento se encontraron los lotes de esos fármacos utilizado en el ámbito médico como anestésicos. Esos medicamentos pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde ya un sumario permitió apartar a un médico y una residente por presunto robo y comercialización de medicamentos. También se halló una bomba de infusión para administrar las drogas de modo intravenoso.
La llamada “Propo Fest” comenzó a tomar forma a partir de audios y chats de profesionales de la salud en la que se describe cómo utilizan el propofol y el fentanilo para experiencias de relajación placenteras. En el ambiente, lo conocen como “viajes controlados”. Pero una dosis mal calculada puede derivar en la muerte, por lo que siempre se necesita que alguien realice un monitoreo.
La pesquisa judicial ahora apunta a estos grupos de médicos de los hospitales Gutiérrez e Italiano, puede ampliarse a otros centros asistenciales y tratan de determinar si, a partir del robo de los anestésicos, había una comercialización del propofol y el fentanilo.