El juez federal Ariel Lijo pidió al Gobierno nacional informes sobre el viaje que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, con el objetivo de determinar si se trató de una actividad oficial.
La medida forma parte de una investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, que busca establecer si hubo algún delito en el traslado del funcionario y su familia a Uruguay entre el 12 y el 17 de febrero.
En ese marco, Lijo también dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen, quienes aparecen vinculados a la facturación del vuelo privado utilizado en el viaje. La aeronave pertenece a la empresa Alpha Centauri S.A., y el costo registrado fue de 4.830 dólares por el tramo de ida, mientras que el regreso forma parte de un paquete mayor valuado en más de 42.000 dólares.
El magistrado solicitó además a la Secretaría General de la Presidencia —a cargo de Karina Milei— que informe si existe documentación oficial vinculada al viaje, como autorizaciones, comisiones de servicio, viáticos o rendiciones de gastos.
La investigación apunta a determinar si hubo incompatibilidades, ya que la productora involucrada mantiene vínculos con la TV Pública, un área bajo la órbita del propio Adorni. Por eso, también se requirió información detallada sobre movimientos financieros, facturación, clientes y proveedores desde 2023 hasta la actualidad.
En paralelo, el juez pidió al Banco Santander datos completos sobre las cuentas de la firma y solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existen reportes de operaciones sospechosas vinculadas a los implicados.
La causa fue impulsada por legisladores nacionales y es una de las tres investigaciones abiertas en Comodoro Py contra el jefe de Gabinete, en las que se analiza si el hecho podría encuadrarse en delitos como enriquecimiento ilícito o dádivas.
En simultáneo, también surgieron cuestionamientos por la situación patrimonial del entorno familiar del funcionario, lo que podría derivar en la unificación de expedientes en el fuero federal.