En la mañana del domingo se tomó conocimiento de que un grupo de personas se encontraría ingresando ilegalmente a las viviendas del programa PROMUVI, ubicadas en el barrio La Salada de Sáenz Peña y que están próximas a ser entregadas.
En tal sentido, se dio aviso a las autoridades pertinentes y tras conocer la situación el fiscal Marcelo Soto, que interviene en la causa, ordenó el inmediato desalojo y la detención de todas las personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, los agentes recibieron la orden, por parte del Jefe de la Policía del Chaco, Comisario Ariel Acuña, de No obedecer el mandato del Fiscal.
El doctor Soto, en comunicación telefónica con el Comisario responsable de la dependencia Policial jurisdiccional, volvió a ordenar el desalojo recibiendo la misma respuesta, que NO tienen autorización de la Jefatura de la Policía de la provincia para actuar.
Ante esa situación, el Fiscal solicitó que se deje constancia de que ordenó el desalojo en dos oportunidades y que las mismas no fueron acatadas por el personal policial. Además, comentó que iniciará actuaciones administrativas para que se de cuenta del por qué la Policía no acató la orden de la fiscalía.
Por su parte el procurador General, Jorge Canteros, confirmó que el fiscal Marcelo Soto procedió correctamente ante la situación.
Según se pudo saber, los mismos usurpadores manifestaron, delante de la Policía y de funcionarios municipales, que fueron enviados por la señora Alicia Sosa Goy, quien estaba presente en el momento y se ausentó del lugar sin dar explicaciones al respecto.
Desde el municipio se estableció comunicación con el Ministerio de Seguridad de la provincia y se recibió el compromiso de que enviarían a las fuerzas e incluso Gendarmería, en función del convenio con Nación, para proceder al desalojo.
Posteriormente, el subsecretario de Gobierno municipal Rafael Acuña mantuvo contacto telefónico con el Jefe del Escuadrón de Gendarmeria para corroborar si hubo comunicación por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, obteniendo como respuesta que hasta el momento no recibieron notificación alguna al respecto.
Se debe remarcar que el personal Policial se hizo presente en el lugar, pero desde la Jefatura recibieron la contra orden de No desalojar, siendo testigos presenciales de los delitos cometidos, además de la usurpación, como robos de aberturas, tanques de agua, cables de conexión eléctrica, entre otros.
Desde el Municipio se está gestionando ante el Gobierno Provincial las acciones pertinentes, con el objetivo de que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia para que estas personas dependan su accionar y las viviendas sean desalojadas.
