La edil de Resistencia estaba en su oficina cuando un hombre ingresó y amedrentó a ella y su equipo. Según la denuncia creen que podría estar relacionado “con su postura de erradicar la tracción a sangre”.
El Foro de Concejales de la UCR, a través de su Mesa Directiva, repudió categóricamente el hecho de violencia del que fueran víctimas Carla Cantero, concejal por la Unión Cívica Radical del municipio de Resistencia y su equipo de trabajo.
“Nos solidarizamos con la concejal y los empleados municipales afectados por las amenazas, intimidaciones y uso de la violencia proferidas por un sujeto de sexo masculino, quien se apersonó en la oficina de la edil el 26 de mayo del corriente año amedrentando al personal municipal que se encontraba en trabajando en el lugar”, expresaron desde el órgano que agrupa a los concejales radicales. Según lo narrado por la propia concejal Cantero y denunciado en sede policial, “el hecho tendría relación directa con su postura de erradicar la tracción a sangre en la ciudad de Resistencia”.
“En el marco del orden constitucional, este tipo de hechos de violencia en modo alguno pueden ser justificados. Cada uno de los Poderes del Estado debe cumplir con eficiencia el rol para el que fue creado. Se deben garantizar además, el ejercicio político, la libertad de opinión y de expresión de quienes ocupan cargos públicos sin amedrentamientos ni coacciones de ninguna naturaleza”, continúa el comunicado firmado por Norma Gauna, presidente del Foro.
“Repudiamos toda forma de violencia ilegítima, privada o pública que ponga en riesgo la integridad física y psíquica de la concejal afectada y del grupo humano que forma su equipo de trabajo”, señalan.
Para cerrar, indicaron: “Por todo ello, instamos y reclamamos una investigación rápida y eficaz para dilucidar las responsabilidades en relación al hecho denunciado oportunamente en sede policial. Consideramos que este tipo de hechos no puede quedar impune en tiempos de Democracia, debiendo el Estado proveer de un acompañamiento integral y efectivo a las víctimas de estos ilícitos. De otra manera estaríamos en presencia de un acto violatorio de la República y sus Instituciones, así como también violatorio de su libertad de expresión y su ejercicio político como representante ciudadana”.
