La tensión entre Perú y México alcanzó su punto más alto luego de que el Gobierno peruano anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano. La decisión fue tomada tras conocerse que México otorgó asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del destituido presidente Pedro Castillo, procesada por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
El canciller peruano, Hugo de Zela, calificó la medida mexicana como un “acto inamistoso” y confirmó que el Gobierno de José Jerí comunicó formalmente a la encargada de la Embajada de México en Lima, Karla Ornela, que deberá abandonar el país en un “plazo perentorio”. Pese a la ruptura diplomática, De Zela aclaró que se mantendrán las relaciones consulares entre ambas naciones.
El Ejecutivo mexicano, por su parte, calificó la decisión de Lima como “excesiva y desproporcionada”. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que el asilo a Chávez fue otorgado conforme al artículo 11 de la Constitución mexicana y recordó que, según la ONU, el asilo político no puede considerarse un acto inamistoso.
La crisis entre Perú y México no es nueva. Desde el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022, ambos países protagonizaron una serie de desencuentros políticos. En aquel momento, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgó asilo a la familia de Castillo y se negó a reconocer a Dina Boluarte como presidenta, refiriéndose a ella como “presidenta espuria”.
El distanciamiento se profundizó cuando el Congreso peruano declaró persona non grata a López Obrador en 2023 por sus críticas al Gobierno de Boluarte. Posteriormente, México retrasó la entrega de la presidencia pro tempore del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a Perú, lo que generó nuevas fricciones.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, la política exterior mexicana mantuvo la misma línea ideológica que la de su antecesor. Sheinbaum evitó participar en el foro de APEC presidido por Boluarte y, tras su destitución, celebró la decisión del Congreso peruano, reiterando su respaldo a Castillo, a quien volvió a considerar “presidente legítimo”.
El caso Betssy Chávez y la nueva crisis
Betssy Chávez, de 36 años, fue ministra de Trabajo, ministra de Cultura y jefa del Gabinete durante el breve mandato de Castillo. Se encuentra procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022, acusada de haber colaborado en la redacción del mensaje televisado en el que el entonces presidente anunció la disolución del Congreso.
Tras varios meses de detención, Chávez recuperó la libertad en septiembre de 2024 por decisión del Tribunal Constitucional, pero su paradero se desconocía desde hace días, luego de que faltara a varias audiencias judiciales. Finalmente, el lunes se confirmó que se refugió en la Embajada de México en Lima, donde solicitó asilo político.
El Gobierno mexicano argumentó que Chávez “ha sido objeto de persecución política” desde su arresto en 2023, justificando así su decisión. En contraste, el canciller De Zela afirmó que México “ha tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas”, lo que calificó de “posición inaceptable”.
Esta ruptura diplomática entre Lima y Ciudad de México marca un nuevo punto de tensión en América Latina, especialmente entre los gobiernos de orientación progresista y los de corte más institucionalista.
Analistas consideran que el conflicto refleja la persistente división ideológica que atraviesa la región. Mientras México defiende su postura bajo el principio del derecho de asilo y la no intervención, Perú sostiene que el gesto mexicano viola el principio de respeto a su soberanía judicial.
En su declaración más reciente, el presidente Jerí insistió en que “Perú exige respeto a su institucionalidad democrática”, mientras que el Gobierno mexicano reafirmó su “compromiso histórico con la protección de perseguidos políticos en América Latina”.
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