El Gobierno nacional avanzó con la eliminación de 71 regulaciones comerciales que influyen en los precios con la premisa de simplificar las relaciones de consumo en el país y disminuir la burocracia.
La Secretaria de Industria y Comercio impulsó la derogación de las normas en cuestión considerando que “habilitan controles de precios abusivos, exigen información que no es utilizada para ningún fin específico y fijan regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas”.
La medida se efectivizó mediante la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y da de baja 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada a comienzos de la gestión libertaria, revelando que “algunas de estas resoluciones tienen más de 50 años de vigencia y representan trabas burocráticas en las relaciones de consumo”.
Desde Comercio detallaron la función de las normas que serán eliminadas y precisaron que “exigen a las empresas de productos e insumos para la construcción a incrementar la producción al máximo de su capacidad; solicitan información a productores y comercializadores de algodón; establecen mecanismos de regulación de precios; intervienen en la distribución y producción de Gas Oil, distorsionando los precios finales; fijan precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19; entre otras”.
También se derogarán 24 normas que tenían la finalidad de supervisar y regular el funcionamiento del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado.
Además se darán de baja 20 normativas referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.
Desde el organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía indicaron que “esta medida reduce la carga administrativa de las empresas y simplifica el marco regulatorio, suprimiendo normas que generan distorsiones de precios y alteran las relaciones comerciales”.
Asimismo, remarcaron que “de esta manera, el Gobierno dará un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno”.
Las derogaciones propiciadas se suman a las más de 170 derogaciones realizadas por Comercio desde el inicio de la gestión “para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia”.
Entre la legislación ya eliminada para normalizar el Comercio Exterior, aparecen las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.
También, el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros.