El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 con una novedad respecto de su estrategia inicial: prevé un fuerte incremento de la inversión pública en provincias y municipios, pese a que el equilibrio fiscal continúa como ancla central de la gestión. La decisión llega tras tensiones con mandatarios provinciales por el recorte de transferencias y en medio de traspiés electorales recientes.
Según el mensaje oficial, el gasto de capital de la Administración Nacional aumentará $1,1 billones el próximo año, lo que representa una suba del 50,3% en términos nominales respecto de 2025 y que, descontada la inflación proyectada del 10,1%, implica un crecimiento real. El mayor impulso se concentra en transferencias de capital, con un alza del 81,4%, mientras que la inversión real directa subirá 26,1% y la inversión financiera 41%.
El texto subraya que la prioridad estará en obras viales a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, proyectos de modernización ferroviaria, energía hidroeléctrica y nuclear, ampliación de redes de agua y saneamiento, y mejoras en defensa y seguridad. El documento admite un cambio de enfoque: si bien la Casa Rosada insiste en que el sector privado debe liderar la inversión, reconoce que muchas obras deberán ser ejecutadas primero por el Estado para “hacer más atractivas” a las empresas sujetas a privatización.
En la justificación, el Ejecutivo remarca que la eliminación del déficit fiscal, la baja de la inflación y la reducción del “efecto crowding out” son claves para estimular la inversión privada, que en 2025 crecería 26% y se combinaría con un PBI en alza del 5%. Además, insiste en que lo central no es el volumen del gasto público, sino su “calidad y eficiencia”.
El plan plurianual 2026-2028 establece que se priorizarán los proyectos ya en ejecución y aquellos nuevos que generen empleo, promuevan exportaciones, mejoren la balanza energética o impulsen el desarrollo tecnológico. También recibirán prioridad las obras con estudios técnicos y financiamiento externo. El Gobierno afirma haber fortalecido los sistemas de evaluación de proyectos y extendido la capacitación a organismos provinciales para mejorar la gestión de la inversión pública.