La compañía desarrolladora de ChatGPT anhela perfeccionar su infraestructura tecnológica para garantizar la operatividad de sus sistemas.
Tras anunciar la creación de la compañía de neurociencia Merge Labs, con el objetivo de desarrollar interfaces que puedan comunicar el pensamiento con los ordenadores, OpenAI comunicó a sus inversores que la proyección de su gasto hasta 2029 se aumentará exponencialmente: de los u$s35.000 millones previstos pasará a u$s115.000 millones, lo que representa un crecimiento del 228,57%.
Los costes informáticos justificarían parte de este monto, aunque también las proyecciones de OpenAI apuntarían a fortalecer el desarrollo de chips e instalaciones para servidores de centros de datos, fundamentales para continuar impulsando su producto más popular: ChatGPT. De esta forma, el cálculo de Sam Altman, director ejecutivo de la firma, sería controlar y tender a una regulación de los costos operativos de la empresa, que precisa de un alto estándar de potencia de procesamiento para garantizar el funcionamiento de sus sistemas.
La distribución del gasto, según The Information, está previsto para que sea superior a los u$s8.000 millones este año, superando más del doble de esa inversión en el 2026 y escalando a u$s35.000 millones en 2027 y u$s45.000 millones en 2028.
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OpenAI admitió que podría entregar conversaciones de usuarios a la policía
La compañía de inteligencia artificial OpenAI, responsable de ChatGPT, actualizó sus términos de uso y habilitó la posibilidad de compartir conversaciones privadas con las autoridades en caso de detectar amenazas a la seguridad o riesgos de daño. La novedad fue comunicada a través de una publicación en el blog oficial de la empresa, lo que desató un intenso debate entre especialistas en privacidad y usuarios.
“Cuando detectamos usuarios que están planeando dañar a otros, enrutamos sus conversaciones a flujos especializados donde son revisadas por un equipo reducido entrenado en nuestras políticas de uso, cuyos miembros están autorizados para tomar medidas que incluyen la prohibición de cuentas. Si los revisores humanos determinan que un caso implica una amenaza inminente de daño grave hacia terceros, podríamos derivarlo a las autoridades policiales”, explicaron desde OpenAI.
Aunque la medida generó controversia, no es una práctica aislada. Muchas aplicaciones que ofrecen cifrado de extremo a extremo pueden verse obligadas a liberar información si lo requieren las autoridades mediante una orden judicial. La diferencia en este caso radica en que la propia empresa estadounidense reconoció que existe una revisión previa de su personal antes de entregar información a las fuerzas de seguridad.
En sus políticas de uso, la compañía aclaró: “Podemos compartir tu información personal con autoridades gubernamentales o de otros terceros si es requerido por la ley o en buena fe (…) para detectar o prevenir fraude u otra actividad ilegal; para proteger la seguridad, integridad y confianza de nuestros productos, empleados, usuarios o el público, o para proteger contra responsabilidad legal”.
Ambito.-