Según consignó Télam en la jornada de ayer, la denuncia habría sido formalizada por el director del hospital, por lo cual el fiscal de la causa Javier Mosquera habría solicitado allanamientos en al menos dos domicilios donde fueron aprehendidos los supuestos involucrados.
En principio, los protagonistas serían tres personas, una de las cuales habría sido inoculada ilegalmente tras la compra de la dosis y luego confesado el hecho públicamente. Las otras dos personas, quienes permanecen detenidas, serían un enfermero y la jefa de vacunación del hospital, según precisaron desde el MPF provincial en un comunicado.
La maniobra delictiva habría tenido como fin la aplicación de las vacunas tras el pago de un monto que rondaría entre $8.000 y $9.000, según informaron desde Clarín, en donde también indicaron que hasta el momento no se alcanzó a precisar la totalidad de faltantes pero se presume que esto habría comenzado 10 hace días “cuando el flujo de vacunas se incrementó”, y que el destino final serían personas no priorizadas en el calendario de vacunación.
Por el momento, en el comunicado del MPF indicaron que la causa continúa su investigación con la detención preventiva de los supuestos involucrados por un período de 10 días y precisaron que tras los allanamientos se concretó el secuestro de teléfonos celulares, por lo que se habría pedido colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones Estratégicas para iniciar las pericias sobre ellos.