Los operativos comenzaron en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, y el Chaco será la tercera estación de controles que se efectuarán en todo el país.
El Chaco es una provincia con más pensiones por invalidez laboral otorgadas. Hay una causa judicial federal que involucra a un intendente y profesionales de la salud que hicieron que la provincia otra vez sea noticia por supuestas irregularidades.
Uno de los ejemplos más palmarios de la supuesta corrupción fue el que indicara hace semanas el vocero presidencial Manuel Adorni, quien expresó que en la provincia se utilizó la radiografía de un mismo hombro fracturado para gestionar 157 pensiones por discapacidad.
Se saben que son 99.000 las pensiones que la Agencia Nacional de Discapacidad puso sobre la lupa en la provincia y se aguarda que en los próximos días comience a auditarse un primer lote de 23.000.
En la investigación que realizó el fiscal Amad señaló que un porcentaje considerable de las pensiones que se otorgaron son truchas.
El representante del Ministerio Público reconstruyó el entramado corrupto de la «gran asociación ilícita que requería de sujetos en lugares y cargos claves tanto dentro de la administración pública, como fuera de ella sin el aporte de los cuales no podría haberse llevado a cabo todas estas maniobras delictivas», explicó el fiscal federal en su requerimiento a indagatoria. Esa banda delictiva, según la imputación fiscal está formada por el intendente Carlos Ibáñez, médicos y colaboradores de los médicos que hacían de «cajeros» para acercar el certificado a quien lo solicitaba y se presume luego distribuían a otras esferas del entramado delictivo.
ACCIONES NACIONALES
La Agencia Nacional de Discapacidad, inició las auditorías de las pensiones no contributivas por invalidez laboral controles, en los cuales indicaron que profesionales encontraron «severas anomalías en su otorgamiento y gestión».
«Con estas auditorías, buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley», puntualizó el director ejecutivo de la Andis, Diego Spagnuolo, a través de su cuenta de X.
El funcionario aclaró que el objetivo es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino solamente a aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta durante las últimas gestiones, las cuales, de 2003 hasta la actualidad, pasaron de 80.000 a un poco más de 1.2 millones en todo el país.
En Capital Federal son casi 27.000 las pensiones, que comenzaron a ser auditadas esta semana. A continuación, se auditarán las más de 300.000 otorgadas en toda la provincia de Buenos Aires y luego las casi 99.000 en el Chaco, para seguidamente continuar este trabajo en todo el país.
«Todo este inmenso trabajo lo hacemos, no solo para reordenar el sistema de pensiones por invalidez laboral, sino para que, además, rindan cuentas en el ámbito que corresponda, todos aquellos funcionarios y profesionales que hayan formado parte del otorgamiento indiscriminado e irregular de estas pensiones, en perjuicio del Estado Nacional y de quienes son, en definitiva, los verdaderos destinatarios de este beneficio», enfatizó Spagnuolo.